El juzgado de Instrucción número seis de Valencia ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el exsíndic y exdiputado del PP en las Cortes y exconseller en distintos gobiernos de la Generalitat, Rafael Blasco, por contratos que firmó durante su etapa al frente de la Conselleria de Sanidad, entre 2006 y 2007, relacionados con el sistema Abucasis, con la historia clínica de los pacientes, y que supuestamente beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, condenado y encarcelado por el fraude de las ONG. El Ministerio Fiscal presentó el pasado mes de julio una querella contra Blasco -condenado a ocho años de prisión por prevaricación y malversación en la primera pieza del conocido como caso Cooperación- por presuntamente beneficiar al empresario Tauroni en diferentes contratos de Sanidad. El juzgado la ha admitido ya a trámite, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Precisamente, Tauroni también fue condenado a ocho años de cárcel por el mismo caso que el exconseller por haber sido beneficiado por Blasco en subvenciones de cooperación y ayuda al desarrollo en el tercer mundo relativas a la Fundación Cyes -sin vinculo alguno con la constructora del mismo nombre- cuando Blasco dirigía la Conselleria de Solidaridad. La querella interpuesta por la Fiscalía también se dirige, además de a Tauroni, actualmente en prisión, contra dos personas más: Tina Sanjuán y Marc Llinares, quienes trabajaron con Blasco en distintos departamentos de la Administración autonómica y que fueron igualmente juzgados y condenados por las irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes, a siete años y medio, y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.
En concreto, en la querella, presentada a raíz de una denuncia formulada por EU, la Fiscalía pone de manifiesto supuestas irregularidades en la concesión de contratos por el sistema de Abucasis y por beneficiar a la empresa Dinamiz-e, tras la que se encuentra Tauroni. El proyecto Abucasis es una aplicación que conecta los centros y los sistemas de información de Atención Primaria y especializada de la Comunidad de forma integral, alrededor de la historia clínica electrónica única del ciudadano, conectada con la historia de salud digital del Servicio Nacional de Salud. El procedimiento del presunto fraude sería el mismo que el utilizado en las subvenciones otorgadas en su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad al dar contratos a empresas supervisadas por Tauroni y sobre las que el empresario se llevaba comisiones.
Denuncia previa
EU presentó previamente ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que detallaba que varias empresas de los mismos accionistas dedicadas al mundo de la gestión sanitaria y hospitalaria recibieron 29 millones de euros de adjudicaciones públicas. Esas adjudicaciones podrían ser, según la formación política, constitutivas de los delitos de tráfico de influencias, y, por ello, pidió a la Fiscalía que acordara iniciar una investigación penal.
Según la denuncia, la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General y la Diputación de Valencia realizaron adjudicaciones a las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante y Connectall Systems por una cifra total provisional de 29.431.711 millones. Además, señala que la empresa General de Comunicaciones y Servicios, de César Augusto Tauroni, facturó pequeñas cantidades de dinero al Hospital General (cuyo gerente es Sergio Blasco, sobrino del exconseller) por servicios informáticos relativos a la página web. En la trama de empresas, EU cita a familiares del exconseller como los responsables de varias empresas.
