Mayo de 1995. El PP pone fin a la hegemonía socialista en la Comunidad y Eduardo Zaplana releva a Joan Lerma en la Presidencia de la Generalitat. Desde entonces, el dominio del PP en las urnas ha sido incontestable. Elecciones tras elecciones ha conseguido holgadas mayorías y ha gozado del apoyo de un gran número de valencianos. Pero ahora, casi dos décadas después de su ascenso al poder, los populares arrancan el curso político en un momento delicado. El más crítico en 20 años. Los sondeos vaticinan un posible tripartito en los comicios de 2015 y constatan el enorme desgaste que sufre la formación capitaneada por Alberto Fabra. Estos son los motivos.
El primero de ellos, los ya habituales impagosimpagos, motivados por las tensiones financieras que azotan al Consell. Pese a salir claramente discriminada en el reparto estatal de fondos desde hace ya una década, la Generalitat de Zaplana, primero; y de Francisco Camps, después, apostaron por los grandes eventos y las obras faraónicas. La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno en Valencia, la Volvo Ocean Race, la Copa del América, el Aeropuerto de Castellón... El Consell se endeudó para impulsar todos estos proyectos y con la llegada de la crisis comenzó a notar que había cargado en exceso la mochila. Tanto, que el Gobierno central tuvo que salir a su rescate para evitar el default.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy arbitró dos medidas concretas para ayudar a las comunidades en apuros.medidas La primera, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo destinado a dar cobertura a los vencimientos de deuda. Y la segunda fue el plan de pago a proveedores. Este instrumento financiero sirvió, básicamente, para que las autonomías y las entidades locales saldaran los impagos que arrastraban con las empresas. La iniciativa le vino como anillo al dedo al Consell, porque gracias a ella pudo cancelar multitud de deudas y rebajar la presión que comenzaba a sentir de distintos colectivos.
Pero ahora, en el inicio del curso político, esa situación corre serio riesgo de reavivarse. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido alto y claro que no se prorrogará más el plan de proveedores. La consecuencia es evidente. Dada la manifiesta infrafinanciación que arrastra la Comunidadinfrafinanciación , los impagos volverán a estar a la orden del día en un corto espacio de tiempo. Es más, algunos perviven todavía hoy. Por ejemplo, los referentes a las ayudas que tendría que haber abonado el Consell a más de 50.000 familias por alquiler, compra y rehabilitación de vivienda.
Fabra es consciente de la situación y no quiere que en la recta final de las elecciones se acreciente el malestar ciudadano. Por eso centrará sus esfuerzos durante las próximas semanas en reclamar al Ejecutivo de Rajoy una inyección adicional de 1.000 millones.inyección adicional 1.000 millones. Ese dinero permitiría a los populares pagar facturas, diluir las críticas de ciudadanos y colectivos, y tomar cierto aire económico.
Pero ese fondo de nivelación del que habla el jefe del Consell se antoja prácticamente imposible de conseguir. Al menos, eso han deslizado distintos cargos del Ministerio de Hacienda.
Otro de los problemas a los que se enfrenta el PPCV en las próximas semanas es la capacidad de liderazgo de Fabra. Nunca antes durante los últimos 20 años se había cuestionado la idoneidad o no de que Zaplana o Camps fueran los aspirantes a presidir la Generalitat. Ahora, sin embargo, hay voces internas que alimentan el debate sobre si Fabra tiene el carisma suficiente para ser el cabeza de cartel o, por el contrario, sería más conveniente buscar una alternativa. En la cúpula del PPCV y en Presidencia de la Generalitat además acaban de saltar todas las alarmas después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mantuviera este viernes una reunión de cuatro horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero es que, además, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó apoyar a Fabra evitó apoyar a Fabra durante su visita a Valencia ese mismo día para participar en un acto de Nuevas Generaciones.
A todo ello se une, encima, que el peso de Fabra en Madrid ha sido más bien escaso. Por lo menos, si se tiene en cuenta el resultado de sus reivindicaciones. Una de las más relevantes ha sido la reforma del actual modelo de financiación autonómica. Tanto Fabra como su conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, daban por seguro que el sistema de reparto de fondos iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2014. Se equivocaron. Montoro desoyó sus peticiones y, además, abortó cualquier posibilidad de dotar de retroactividad el modelo, tal y como pretendía la Generalitat.
Una vez descartada esa opción, el Consell fió su suerte a la llegada de 1.000 millones adicionales. Hoy, de hecho, todavía sigue reclamando esa cantidad. Sin embargo, Hacienda tampoco está por la labor. Las reivindicaciones del presidente han quedado de momento en nada y el dinero continúa sin llegar.
Hasta las propios sondeos de opinión que encarga la Generalitat son dañinos para los intereses de Fabra. El de enero de 2014, publicado recientemente en la página «GVAOberta», reveló que el jefe del Consell inspira poca o ninguna confianza al 83,2% de los ciudadanos consultados.
Los baches que tendrá que sortear el PPCV en los meses previos en las elecciones son muchos más. La corrupción, cómo no, volverá a desempeñar un papel determinante. Las noticias no dejan de sucederse. Anticorrupción ha denunciado al exconseller Rafael Blasco por contratos durante su etapa en la Conselleria de Sanidad; el ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha solicitado el indulto al Ministerio de Justicia; David Serra ha dimitido en las Cortes y ha dejado de ser aforado; y el juez que instruye la pieza de Brugal relativa al Plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, ha declinado citar de momento a Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz.
Más allá de las investigaciones de Gürtel, Brugal o Emarsa (el saqueo de la depuradora de Pinedo), la verdadera patata caliente del PPCV llegará a la hora de conformar las candidaturas locales y autonómicas. El propio Fabra reiteró en la entrevista que este diario publicó el pasado domingo que antes de que acabe la legislatura no quedará ni un solo imputado en las Cortes. Además, ni un solo encausado en casos de corrupción figurará en las candidaturas. ¿Qué pasará entonces con Castedo? El entorno de la alcaldesa de Alicante da prácticamente por hecho que continuará imputada en el momento en que el PP se disponga a elaborar la listas. Fabra ya ha proclamado que, en ese caso, la apartará. Sin embargo, la decisión última compete a Génova. Y allí, en Madrid, la «línea roja» es otra. Alberto Ruiz Gallardón la ha fijado en el procesamiento y no en la imputación. Ocurra lo que ocurra, el PP saldrá desgastado.
El PPCV también estará muy pendiente de Bruselas durante los meses previos a los comicios. Habrá dos focos de atención. Por una parte, los resultados de la investigación que ha abierto la Comisión Europea después de que la Generalitat manipulara supuestamente sus cuentas para maquillar su déficit.investigación manipulara cuentas maquillar déficit Y, por otro lado, el visto bueno que debe dar la Unión Europea para vender por lotes la Ciudad de la Luz después de que recibiera 265 millones de euros en ayudas públicas de manera ilegal para su construcción. Así que, más que un bache, el PPCV se enfrenta a un Tourmalet.
