A la Audiencia Provincial acaba de elevar la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su intento, uno más, de que la causa abierta por los presuntos amaños en el planeamiento urbano de la ciudad se archive para ella o, en su defecto, le sea levantada preventivamente la imputación hasta el momento en que aparezan, si lo hacen, datos que la incriminen. Un planteamiento que ya presentó al magistrado Manrique Tejada, primer instructor de este proceso y quien ahora ha retomado la investigación tras perder el aforamiento tanto Castedo como el exregidor Luis Díaz Alperi, imputado también en este procedimiento junto a, entre otros, el empresario Enrique Ortiz. Ambos políticos, que a lo largo de este año han dejado su escaño en las Cortes provocando así el envío de la causa desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad hasta un juzgado de Instrucción de Alicante, habrían facilitado información reservada del PGOU al promotor a cambio de regalos, según mantienen investigadores y acusaciones.
Tejada rechazó la pretensión de la alcaldesa, la que llegó a calificar como «contraria a los intereses públicos y a la responsabilidad de los poderes públicos», al tiempo que tachó los argumentos expuestos por sus abogados de afirmaciones «subjetivas e interesadas». Los letrados que se encargan de la defensa de la primera edil, José María Asencio y Juan José Martínez Albert, hacían hincapié en el carácter provisional del documento del PGOU, insistían en la inexistencia de indicios de delito en la actuación de su cliente, arremetían contra los informes elaborados por la Policía, a los que daban la consideración de meros atestados, y ponían especial énfasis en el hecho de que a estas alturas de las instrucción aún no se hubieran concretado las imputaciones contra Castedo. Un punto en el que aprovechaban para explicar que para una política en activo la situación de imputada que venía soportando la primera autoridad de Alicante era algo así como una condena. Con base en este argumento pedían una desimputación calificada desde el primer momento de «imposible» incluso por fuentes conocedoras del caso próximas a la regidora.
Sin variar la estrategia que han seguido mientras el caso se ha estado instruyendo en el TSJ, los abogados de la alcaldesa continúan fieles a su línea de no dejar de recurrir todo lo susceptible de ser recurrido en un legítimo intento de buscar en todas las instancias posibles respaldo a unas pretensiones con las que hasta el momento no han cosechado muchos éxitos.
En el recurso de apelación presentado ahora contra el rechazo de Tejada a los planteamientos de Castedo, los letrados no sólo entran en el contenido sino que, además, abordan también una cuestión puramente procesal en el sentido de considerar que el magistrado tendría que haber utilizado un auto en vez de una providencia para responder al citado escrito. Un aspecto sin peso en el fondo del procedimiento pero sí con repercusión a la hora de fijar el modo en que ha de ser recurrido. Algo que, a larga, se traduce en la demora o no que pueda sufrir el proceso como consecuencia del tiempo que conlleve la respuesta a las alegaciones presentadas por los abogados.
