La sección Primera de la Audiencia de Castellón acordó ayer la suspensión de la ejecución de la pena de prisión al expresidente de la Diputación y del PP de esa provincia Carlos Fabra para cumplir una pena de cuatro años de cárcel mientras se tramita su petición de indulto. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), la sala entiende que se dan todos los requisitos exigidos en el artículo 4.4 del Código Penal para proceder a esta suspensión. La sala aplica la jurisprudencia que valora la inexistencia de antecedentes y la voluntad de pago de multa y responsabilidad civil por los hechos por los cuales fue condenado, añade el TSJ, según el cual la suspensión de la ejecución de la pena de prisión afecta sólo al periodo de tramitación del indulto por parte del Gobierno.
El pasado miércoles, Fabra compareció ante la sección primera de la Audiencia de Castellón, donde había sido citado para comunicarle su fecha de ingreso en prisión, pero, después de que el también ex presidente provincial del PP castellonense solicitara la suspensión de la medida, se dio traslado a las partes de la petición. Tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Ejecutivo estará «muy atento» a la posición del fiscal y del tribunal que condenó a Fabra sobre la petición de indulto que este ha formulado.
En el auto dictado y hecho público ayer, la sala remarca que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de España se han opuesto a esa petición de suspensión, «al no resultar previsible la concesión del indulto y dado el carácter excepcional de tal suspensión» mientras se tramita la citada medida de gracia. La resolución recuerda los argumentos de base legal que justifican el haber accedido a esta suspensión temporal y señalan que jueces y tribunales están obligados a «realizar una adecuada ponderación de las circunstancias concurrentes en el hecho para determinar si en el mismo se dan las excepciones previstas al principio general de la no suspensión de la condena».
La sala basa su decisión en que Fabra carece de antecedentes penales, ha manifestado «expresamente su voluntad de atender el pago de las responsabilidades civiles -693.000 euros-, avalando para ello las cuotas tributarias correspondientes y ofreciendo fincas registrales y derechos de su titularidad en orden a garantizar dichas responsabilidades». La «eventual» concesión del indulto, «siquiera parcial, evidencia que de no accederse ahora a la suspensión se podría frustrar el efecto que pudiera acarrear la concesión hipotética de la medida de gracia solicitada», añade. El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio la sentencia de la Audiencia de Castellón que condena a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a pagar una multa de 693.000 euros e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
A finales de agosto, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que Fabra había presentado durante ese mes la petición de indulto al Gobierno y que se habían solicitado los informes preceptivos al tribunal sentenciador, la Audiencia de Castellón. Tras conocer el fallo de la Audiencia el pasado 26 de noviembre, Fabra anunció que no iba a solicitar el indulto al Gobierno central, pero a finales de julio se conoció que familiares y allegados estaban recogiendo firmas para ello, una medida de la que enseguida se desmarcaron tanto el Gobierno valenciano como la dirección regional del partido.
«Respetamos la Justicia»
Y mientras la oposición salió ayer en tromba a criticar la decisión de la Audiencia de Castellón, la portavoz del Gobierno valenciano y consellera de Educación, María José Catalá, aseguraba ayer que el proceso judicial que afecta al expresidente de la Diputación de Castellón «es un asunto particular», y por lo tanto el Ejecutivo no tiene que pronunciarse sobre «cuestiones particulares». «Nosotros nos hemos pronunciado con respecto a él en distintas ocasiones; respetamos la justicia, sus tiempos, y evidentemente no tenemos que pronunciarnos al respecto de cuestiones particulares», manifestó la consellera.
Por su parte, el propio Fabra declaraba mostrarse «satisfecho» con la decisión de la Audiencia asegurando que «es lo que esperaba porque se ha producido en otros casos». El ex presidente de la Diputación puso como ejemplo al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas y al exalcalde de Torrevieja y exdiputado del PP en las Cortes Valencianas, Pedro Ángel Hernández Mateo, a los que se les suspendió el ingreso en prisión hasta la resolución de la petición de indulto. A partir de ahora, según Fabra, estará a la espera de que el Tribunal Constitucional acepte a trámite el recurso a la sentencia que le condena a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y, que apuntó que será interpuesto en «pocos días». PSPV, EU y Compromís, la oposición en las Cortes, criticaron ayer duramente la decisión de la Audiencia.
Compromís incluso anunció que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que «intervenga e investigue» a la Audiencia de Castellón por el caso Carlos Fabra.
