Desde el primer momento, las Cortes Valencianas fueron un quebradero de cabeza para Alberto Fabra. El jefe del Consell, de hecho, se ha visto obligado a lidiar con un grupo heredado de Francisco Camps en el que, por momentos, llegaron a cohabitar hasta once imputados, convertidos de largo en la tercera fuerza parlamentaria del hemiciclo. Los sumarios de la supuesta trama de financiación del PP ligada a Gürtel, de la red vinculada al presunto fraude en la concesión de ayudas del Consell a las ONG o de la operación Brugal tenían a algunos de sus protagonistas en la bancada del PP, una situación que ha mantenido a Fabra en un brete. Ahora, sin embargo, el presidente de la Generalitat confía en que, antes de acabar el mandato, su grupo quede «limpio».

En algún momento se llegaron a sentar en la bancada popular, Pedro Hernández Mateo, ahora recluído en la prisión de Murcia después de su condena por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de la contrata de basuras de Torrevieja durante su etapa como alcalde. En los escaños del PP se llegaron a sentar otra media docena de imputados en la trama de financiación del PP ligada a Gürtel. Ricardo Costa, que ya estuvo implicado junto a Camps en el sumario de los trajes; el ahora dimitido David Serra, que llegó a ser uno de los portavoces adjuntos del PP; la exconsellera Angélica Such, exsecretaria de la Mesa de las Cortes; Yolanda García Santos, extesorera popular; el exvicepresidente Vicente Rambla; y Milagrosa Martínez, también exconsellera de Turismo, antigua presidenta de las Cortes y ahora alcaldesa de Novelda. Ahora sólo quedan en el puesto Costa y García Santos. En las filas populares se da por hecho que ambos tienen su salida del hemiciclo en el horizonte, justo cuando se empiece a vislumbrar la recta final de la instrucción sobre la financiación del PP. Otra diputada, la exconsellera Alicia de Miguel también dejó el escaño cuando se conoció su imputación en Gürtel.

Rafael Blasco, antiguo síndic del PP en las Cortes y dimitido tras pasar unos meses como no adscrito, ya está condenado por una de las piezas de la trama de ONG, un caso de presunto fraude en la concesión de ayudas al Tercer Mundo. Y, finalmente, también se marcharon Luis Díaz Alperi y la alcaldesa Sonia Castedo, encausados por varios delitos en la operación Brugal.