Ni la Policía ni el juez ni el fiscal. Ninguno se libra de las duras críticas vertidas por el hermano de la alcaldesa de Alicante José Luis Castedo y por su socio en el bufete Salvetti, el exedil socialista Javier Gutiérrez, (imputados ambos en el proceso abierto por los presuntos amaños en el PGOU de la ciudad), en el recurso que ayer presentaron contra las primeras diligencias acordadas por el magistrado Manrique Tejada, instructor del caso desde que el Tribunal Superior de Justicia lo envió a Alicante tras la dimisión como diputados de la regidora, Sonia Castedo, y de su antecesor Luis Díaz Alperi, también encausados en este procedimiento por supuestamente facilitar datos reservados del planeamiento urbano al empresario Enrique Ortiz.

Mal parados salen todos los intervinientes en una instrucción de cuya excesiva duración se quejan sin contemplaciones los abogados urbanistas, quienes alertan al magistrado de la «absoluta indefensión» que provoca «la práctica de diligencias de investigación sin límites en cuanto al ámbito y al objeto», por lo que le instan a que ponga coto. Tirando de calendario, los imputados hacen hincapié en los «seis años y tres meses» que han transcurrido desde que comenzó la instrucción, recuerdan un escrito del fiscal en el que dos años después de iniciada consideraba suficientes las escuchas y los informes policiales y no se olvidan de apuntar que durante los años 2010 y 2011 la acusación publica no solicitó ni una sola diligencia de investigación. O que durante cuatro años no se solicitó el PGOU, el documento en el que se han realizado las presuntas irregularidades.

En un prolijo escrito, en el que concluyen pidiendo al magistrado Tejada que tome las medidas necesarias para concluir esta fase del proceso, los socios de Salvetti arremeten sin miramientos contra la Policía, de la que llegan a afirmar que está investigado «sin amparo legal». Y apuntalan la afirmación en el hecho de que, según afirman, los agentes recabaron información sobre la cuenta que Gutiérrez tenía en las Islas Caimán con dos millones de euros, y que acabó regularizando el año pasado, un año y medio antes del oficio en el que se informaba de la existencia de ese depósito. Además de que los agentes hablan en este punto de un «intercambio internacional de información» que los recurrentes aseguran que no existe entre España y las Caimán.

Al margen de tachar de absurdas las conclusiones a las que llegan los agentes en relación a la intervención tanto de Ortiz como de ambos letrados en los supuestos amaños del PGOU, o al hablar de datos reservados cuando el plan ya se había sometido a exposición publica, los imputados acusan a los investigadores de hacer indagaciones basándose en sospechas no concretadas y dicen estar sorprendidos «por su voluntad contumaz en generar una apariencia de ilicitud a toda costa».

En cuanto al caso concreto de la cuenta en las Caimán, sobre la que ahora Tejada pide a Gutiérrez que aclare en origen de ese dinero, recuerda la defensa de los responsables de Salvetti que ya el magistrado del TSJ Juan Climent indagó este asunto cerrando las pesquisas y dejando sin efecto la comisión rogatoria que inicialmente había solicitado. Y sobre la petición de más documentación del bufete (los libros de contabilidad y el libro diario, especialmente) recuerdan los documentos que ya fueron intervenidos en el despacho por lo que «no tiene la menor justificación, por tanto, que se soliciten esas diligencias de investigación para seguir investigando sine die sin encontrar absolutamente ninguna evidencia hechos que ya han sido suficientemente investigados»