El grupo municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado un recurso de reforma contra la providencia del juez Juan Carlos Cerón, instructor del proceso abierto por las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, en la que rechaza por el momento tomar declaración como imputados a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al ex primer edil de la ciudad Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz, entre otros denunciados por la formación político en el marco de esta causa.
Según recoge el escrito, «los indicios delictivos sobre los acusados son, no ya suficientes, sino vehementes y justifican sobradamente su citación como imputados». Y expone como motivación del recurso tres informes policiales, de un total de 14, que reproducen las conversaciones entre la primera edil del consistorio alicantino y Enrique Ortiz, o entre éste y Díaz Alperi, relacionadas todas ellas con un presunto amaño del macroplan urbanístico.
En el recurso, además de la citación como imputados de Castedo, Alperi y Ortiz, se solicita que el juez llame a declarar al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, a una funcionaria de esta área, a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, y a dos altos cargos de carreteras del Ministerio de Fomento.
Asimismo, se pide la comparecencia como testigos al dirigente del PSOE local Ángel Franco, a tres funcionarios locales, tres personas vinculadas laboralmente con Ortiz, otras dos relacionadas con Ikea y el expresidente de la CHJ, Juan José Moragues.
En un comunicado, el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, explicó ayer que el recurso «rebate esa supuesta falta de indicios y considera que existen pruebas más que suficientes no sólo para llamar a declarar como imputados a las ocho personas contra las que se dirige la denuncia, sino también para citar a declarar como testigos a diez personas más».
