El Consell condicionará al menos el 10% de los altos cargos al cumplimiento de determinados objetivos, y creará un registro con los regalos recibidos por razón de ocupar un puesto institucional, que sólo se aceptarán en casos concretos. Éstos son algunos de los aspectos de la futura Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el pleno del gobierno autonómico y dado a conocer en la rueda de prensa posterior. El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, aseveró que el texto estará aprobado antes de que finalice la legislatura, aunque no pudo precisar si se cumplirá ese mismo plazo para su entrada en vigor.
Según Císcar, con esta ley se pretende «acercar la administración al ciudadano, garantizar la transparencia, establecer bases para el buen gobierno y facilitar el acceso a información pública». El texto afectará a la Generalitat y a todos los sus organismos, a las Universidades y a cualquier entidad que reciba subvenciones públicas. Asimismo, entre la información ofrecida figurarán los contratos formalizados por la Generalitat, las retribuciones e indemnizaciones de altos cargos, datos sobre financiación autonómica, el plazo medio del pago a proveedores, estudios de opinión y acuerdos del Consell, entre otros.
Toda esa información estará disponible en el canal GVA Oberta, creado por la Generalitat recientemente. El vicepresidente apuntó que los objetivos a los que estará vinculado -al menos- el 10% del sueldo de los altos cargos se desarrollarán en su momento a través de reglamentos. Asimismo, aparte de los obsequios que reciban las autoridades, se hará registro de los viajes de representación, y del gasto generado en ellos.
Otra modificación anunciada por Císcar dentro de la futura Ley de Transparencia es que la iniciativa legislativa popular se abre también a la propuesta de decretos y órdenes de la Generalitat; para su aceptación se exigirán 25.000 firmas. En el caso de los anteproyectos de ley, se mantiene la cifra ya existente de 50.000 firmas. Al mismo tiempo, el vicepresidente indicó que se intentarán consensuar con la oposición posturas para la creación de la ley, que, una vez aprobada, deberá contar también con un dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Según dijo, de con esta normativa se superará la Ley de Transparencia estatal.
