Vincular los dos procesos judiciales en los que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi está implicado, en uno como imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada y en el otro en calidad de acusado por tres delitos fiscales y uno de cohecho. Ésta es la consecuencia más directa de las primeras diligencias acordadas por el magistrado Manrique Tejada una vez retomada la instrucción de la causa por los presuntos amaños del PGOU de la ciudad en la que además del exdiputado están imputados, entre otros, la alcaldesa, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. A los políticos del PP se les atribuye facilitar al constructor datos reservados del planteamiento urbano a cambio de prebendas.

El magistrado da luz verde a las diligencias planteadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante que busca averiguar si el exalcalde, en atención a su cargo, recibió dinero con el que soportar tanto su tren de vida como el de su entorno familiar, así como la posible existencia o no «de un patrimonio oculto no declarado por el Sr. Alperi o que sea ostentado por terceros en connivencia con él mismo para que no sea achacable a su persona», según consta en la providencia dictada por el juez y notificada el martes a las partes.

Es en este marco en el que el instructor del caso del PGOU ordena investigar a la sociedad Taller de Contabilidad S.A., la mercantil que en noviembre de 2007 saldó una deuda tributaria cercana al millón de euros que el exdirigente popular contrajo antes de acceder a la Alcaldía. Por este hecho, entre otros, Alperi está acusado en otro procedimiento de tres delitos fiscales por los que la Fiscalía le reclama nueve años de cárcel. También está acusado un administrador de la citada sociedad.

La investigación solicitada por la Brigada de la Policía Judicial abarca además a la sociedad con la que el exalcalde y su exsocio y amigo Antonio Solana, el expresidente del Alicante también acusado de fraude fiscal, compraron un catamarán que los investigadores sostienen que era en realidad del exalcalde. Y se añaden otras dos sociedades vinculadas al político que, en opinión de los agentes ratificada ahora por el juez, han de ser indagadas: Servicios y Gestiones Edelot S.L. cuyo objeto social es la «compraventa, promoción y construcción de todo tipo de bienes inmuebles» con domicilio social en un complejo deportivo situado en la zona del golf de Alicante, y Nature Works Tecnologías S.L., radicada en Altea y con participaciones en Andarx Business, la sociedad con la que se adquirió el polémico catamarán y que, sobre el papel, se constituyó para «la fabricación y el comercio al por mayor y menor de maquinaria, material y productos interindustriales y de ferretería».

Los agentes ponen también la lupa en Alfonso Quesada Mendoza, quien fuera delegado del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, sobrino del también imputado y redactor del PGOU Jesús Quesada y quien, al parecer, trabajó en el mercantil a la que se adjudicó la redacción del PGOU. De Quesada quieren conocer la vida laboral para que queden acreditados «los distintos puestos de trabajo que ha venido ocupando y las fechas de altas y bajas en las distintas empresas».

Y amplían el ámbito de sus pesquisas a Deproinmed S. L., una mercantil vinculada a Ortiz, «con evidentes intereses en el PGOU de Alicante», según se precisa en la providencia, por el abono a la empresa de Jesús Quesada, encargada de redactar el plan general, de cerca de 65.000 euros