Bruselas ampliará la investigación que ha abierto al Consell por haber manipulado supuestamente sus cuentas para maquillar el déficit. Aunque en principio la Unión Europea (UE) tenía previsto centrarse casi en exclusiva en las facturas sanitarias que se metieron en el cajón (aquellas sin consignación presupuestaria) durante los años previos a 2011, el proceso se ampliará finalmente y se investigarán las presuntas irregularidades contables desde 1988, con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat. Así consta en un escrito que ha remitido este martes el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, a la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa.

La parlamentaria del partido de Rosa Díez se interesó en la Eurocámara por la investigación que ha abierto Bruselas a la Comunidad Valenciana y formuló tres preguntas por escrito. La primera, si efectivamente se había abierto un proceso para determinar un posible «maquillaje fiscal» del Consell. La respuesta que le acaba de dar la UE es contundente. «En julio de 2014, la Comisión Europea inició una investigación oficial sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana, en la que se examinará si, por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años», reza el documento firmado por Semeta.

En segundo lugar, la eurodiputada de UPyD solicitó que la Comisión Europea le aclarara «cuáles han sido las motivaciones para iniciar tal proceso de investigación». En su respuesta, Bruselas detalla el porqué: «En mayo de 2012, las autoridades estadísticas nacionales españolas informaron a Eurostat de que el déficit de las Administraciones Públicas correspondiente a 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 % del PIB respecto a la cifra notificada en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE) unas semanas antes. Esta discordancia se debió, en gran medida, al descubrimiento de gastos no registrados de la Comunidad Valenciana. Además, es probable que se ignoraran informes del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana en los que se ponían de relieve estos problemas».

Este último hecho ha sido clave para que Bruselas haya decidido investigar las facturas en los cajones de la Generalitat desde 1988. Tal y como informó este diario cuando salió a la luz la investigación de la Comisión Europea, la Sindicatura de Cuentas lleva advirtiendo desde 1988 en sus informes anuales que la Generalitat reconocía obligaciones al margen de su presupuesto. Ese año, en concreto, fueron 24,5 millones. Y en 2011, el último año de Francisco Camps en el Palau, la cifra se disparó hasta los 3.506,6 millones.

Fue uno de los mecanismos de rescate del Gobierno central el que aireó el descontrol contable del Consell. El plan de pago a proveedores -ese que ha servido para saldar impagos con clubes de fútbol, hogueras y hasta con el entrenador personal de José María Aznar- afloró facturas por valor de 1.842 millones que no contaban con consignación presupuestaria en las cuentas autonómicas. El Gobierno tuvo que dar parte entonces a la UE para que revisara al alza el déficit del conjunto del Estado.

Por último, Pagazaurtundúa preguntó en Bruselas por las partidas concretas que se estaban investigando y las consecuencias que podría acarrear ese presunto falseamiento de las cuentas para maquillar el déficit. Y es ahí, en la respuesta que ofrece Semeta, donde llega la sorpresa. «La investigación se refiere esencialmente a datos estadísticos (gastos sanitarios) que se consignaron en la Comunidad Valenciana en el periodo 1988-2011», reza. Es decir, que Bruselas investigará finalmente las facturas en los cajones que se fueron acumulando en la Generalitat desde la etapa de Joan Lerma.

Multa

Respecto a la posible sanción, el comisario europeo apunta: «Si la Comisión constatara que la Comunidad Valenciana ha manipulado sus cifras de déficit y de deuda, es posible que se impongan a España sanciones en forma de multas. La base jurídica para la imposición de las sanciones se deriva del Reglamento (UE) n° 1173/2011, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro y de la Decisión Delegada 678/2012 de la Comisión, de 29 de junio de 2012, relativa a las investigaciones y las multas relacionadas con la manipulación de las estadísticas conforme al Reglamento (UE) n° 1173/2011». En total, la sanción a España podría rozar los 2.000 millones y el Gobierno central, a su vez, podría repercutir esa multa en la Comunidad.