Las presiones que el constructor Enrique Ortiz llegó a ejercer en el Ayuntamiento de Alicante en el año 2008 para sacar adelante el Plan Rabasa pasaron desde intentar influir en la convocatoria de los plenos municipales hasta hablar de un suicidio si se paralizara de forma provisional su macroproyecto urbanístico, algo esto último que, aunque no fuera un comentario serio, muestra la confianza con su interlocutora y el empleo de la psicología más chantajista para poder interceder en la vida municipal, según se desprende de las conversaciones interceptadas por la Policía.
A finales de 2008 la Gerencia de Urbanismo era un hervidero de proyectos urbanísticos de calado. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaba en plena tramitación tras contratar el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, al nuevo equipo redactor del mismo, una tramitación que actualmente está siendo investigada en una causa judicial que tiene entre sus imputados a Alperi, la alcaldesa Sonia Castedo, el hermano de ésta, su socio, el redactor del PGOU y el empresario Enrique Ortiz. También estaba en su apogeo el Plan Rabasa, a desarrollar por Ortiz sobre unos tres millones y medio de metros cuadrados, la gallina de los huevos de oro coronada con la llegada de Ikea.
Al plan le faltaban a final de año unos cambios para poder ser prácticamente definitivo ya que contaba con el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo, que dio luz verde al macroproyecto pero obligó a introducir unos cambios que deberían ser aprobados de nuevo en pleno municipal. Según las escuchas recabadas por el Grupo de Blanqueo de Capitales e integradas en el informe policial que ya obra en la mesa del juez Juan Carlos Cerón, que instruye el caso por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, Ortiz presionó a los técnicos municipales con influencia y poder de ejecución para que el pleno aprobara cuanto antes el texto refundido del expediente de homologación y el plan parcial de la unidad de ejecución del sector de Rabasa.
Como adelantó este diario, la Policía sitúa a Alperi, Castedo, a la jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, y a su gerente, Enrique Sanus, en el epicentro de la red de contactos de los que se sirvió Ortiz para aprobar el Plan Rabasa y que la multinacional Ikea se instalara en su suelo. El informe policial recientemente entregado al juez, de 800 páginas, sostiene que los citados cargos auspiciaron los intereses del promotor.
«Misión cumplida»
En una conversación interceptada por la Policía el 30 de octubre de 2008 Ortiz habla con Campos y se interesa por si ya ha recibido toda la documentación para intentar llevar a pleno el Plan Rabasa. Ortiz insiste en que vaya por vía de urgencia al pleno de noviembre, ya que Campos le dijo que no podría ser. «No me jodas que no va a ir», lamentó Ortiz. «Al del 7 no -refiriéndose Isabel Campos al pleno de noviembre-. Yo hablé ayer con Sonia y le he dicho que convocara otro, y ella ha dicho que sí, que cuando esté todo se convoca». El constructor, que asegura que no puede dormir con este asunto, le dice que si le pararan Rabasa de forma provisional se suicidaría, «y tendríais el remordimiento para toda la vida». «Inventa algo para que vaya el día 7», le remarcó Ortiz.
El 27 de noviembre de 2008 lo primero que Isabel Campos le dice a Ortiz nada más saludarse por teléfono cuándo ésta le llama es: «misión cumplida», a lo que él respondió «qué grande eres». Campos informó a Ortiz de que el texto refundido se llevaría al pleno de diciembre el día 5. En él salió adelante el plan con los votos del PP tras un procedimiento de urgencia ordenado por Castedo para que, cuánto antes, el plan fuera remitido al Consell para su aprobación definitiva. Ese mismo mes, poco antes de Navidad, Ortiz ordenó a su esposa que incluyera a Campos en la lista de cargos femeninos a los que había que hacer «un buen regalo», concretamente porque «Isabel Campos trabaja mucho». Fue obsequiada con un bolso de 300 euros, mientras que Castedo fue obsequiada con una cazadora. Esa Navidad Ortiz y Castedo pasaban juntos la Nochevieja en Andorra, presuntamente, con los gastos del viaje a cuenta del promotor.
