El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ya trabaja para llenar de contenido el área de «Reformas Democráticas» de la que es responsable en la nueva de dirección de Pedro Sánchez en el PSOE. En principio, Puig va a elevar a Madrid el documento que ya presentó el PSPV con 75 medidas de «reacción democrática» para la política valenciana.
Como novedad, Puig va a proponer que los parlamentarios coticen a la Seguridad Social y se establezca para ellos un subsidio por desempleo, como al resto de trabajadores. La idea que subyace es impedir en lo posible que «pueda irse a trabajar a una empresa a la que ha beneficiado con sus decisiones». Esto es, evitar el conflicto de intereses y la «puerta giratoria» entre la actividad pública y la privada, que genera fuertes polémicas con expresidentes o exministros, y es el camino de salido para muchos políticos una vez se «jubilan».
En su propuesta de reacción democrática, de hecho, el PSPV ya proponía la «incompatibilidad de los miembros del gobierno con materias relacionadas con el cargo durante dos años» para evitar ese fenómeno de la «revolving door». Un documento que ya tiene en su poder Pedro Sánchez.
Básicamente, las propuestas de Puig se dividen en tres áreas: transparencia y lucha contra la corrupción; reforma de los partidos y reconversión institucional. Así, a partir del mes de septiembre, Ferraz presentará medidas como poner un tope a la deuda de los partidos, reducir el número de aforados y limitar esa protección al ejercicio del cargo.
La idea de Puig es presentar «una iniciativa de reacción democrática que ataque a cuestiones fundamentales» como «la transparencia como antídoto contra la corrupción», el ejercicio honrado de la política, la rendición de cuentas ante los ciudadanos o la participación de la ciudadanía en la vida de los partidos, indicó el socialista a Europa Press.
A su juicio, es el PSOE quien debe dar este paso porque el PP «no será creíble jamás mientras no asuma responsabilidades políticas» por asuntos como los casos Gürtel y Bárcenas. «¿Cómo va a ser creíble hablar de regeneración democrática desde un partido al que han sentado en el banquillo a tres tesoreros, del que un juez ha dicho con claridad que ha habido financiación ilegal y que sus obras se pagaron con una caja B, y cuyos dirigentes cobraron sobresueldos millonarios?», se pregunta. Para el también secretario general de los socialistas valencianos, la Justicia ha demostrado que el PP «ha ido dopado a las elecciones» merced a esa financiación ilegal, y ahora «la política antidoping no la pueden provocar aquellos que han sido los que han organizado este sistema».
Tras la decisión de publicar en septiembre las declaraciones de bienes de los miembros de la nueva dirección federal, Puig tiene intención de promover un código ético para la política que censure conductas que, sin ser delito, no pueden ser atribuidas a responsables públicos, como no pagar impuestos o multas. Se trata de «ir más allá» para que sirva de «agente remoralizador» de la sociedad.
Respecto a limitar las puertas giratorias, Puig afirma que «es evidente que hay que ejemplarizar absolutamente la vida pública y profundizar también en lo que son las incompatibilidades de los cargos públicos. Eliminar las posibilidades de las puertas giratorias y al mismo tiempo también dignificar la vida del político».
En ese sentido, se muestra partidario de que los diputados coticen por su actividad y puedan tener su seguro de desempleo en lugar de que fichen por una empresa donde puede haber colisión de intereses. Y también rechaza la «puerta giratoria» en el caso de los expresidentes del Gobierno, que a su juicio «pueden ayudar mucho» al país y deben tener su espacio y la contraprestación que reciben de los Presupuestos, sin necesidad de recurrir a ser contratados por multinacionales.
Menos aforados, más limitados
Respecto al aforamiento, el dirigente del PSPV reclama «un estudio serio y riguroso» sobre los 10.000 cargos públicos que actualmente están protegidos, la mayoría de jueces y fiscales. El socialista reclama una reducción pactada de ese número, y también reducir el ámbito de aplicación del aforamiento. Es decir, que se limite la protección al ejercicio del cargo para garantizar la libertad de expresión en su ejercicio como diputados, pero no para cuestiones legales derivadas de su ámbito privado: «No tiene ningún sentido el aforamiento para personas que han sido pillados al volante con una tasa de alcohol superior a la permitida».
