Una vez abortada la posibilidad de que el modelo de financiación autonómica se revise a corto plazomodelo de financiación autonómica y entre en vigor con carácter retroactivo a 1 de enero de 2014 («plan a» del Consell); y una vez desechada también la opción de que el Gobierno central habilite un mecanismo de nivelación de 1.000 millones de euros mecanismo de nivelaciónpara paliar la infrafinanciación histórica que sufre la Comunidad («plan b»), Alberto Fabra ya tiene un «plan c» para tratar de cuadrar las maltrechas arcas de la Generalitat. Después de que el implacable Ministerio de Hacienda haya desbaratado las dos reivindicaciones económicas de la Generalitat para cumplir este año con un déficit del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB), el jefe del Consell trasladará otra propuesta a Madrid. El Ejecutivo autonómico, a través del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, tiene previsto reclamar al Gobierno central que le condone los intereses de los préstamos del rescate. La Generalitat resolvería así dos problemas. Por una parte, se ahorraría la enorme carga financiera que debe soportar en los próximos años. No en vano, la Comunidad Valenciana se ha convertido en una de las autonomías españolas que más dinero han recibido del Estado desde 2012 vía préstamo. Ese año, con la crisis en un momento álgido, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió promover tres mecanismos de rescate para aliviar las tensiones financieras de las comunidades autónomas. Hacienda impulsó la primera edición del plan de pago a proveedores para saldar las cantidades pendientes con las empresas; creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con el fin de que los gobiernos regionales pudiesen hacer frente a sus vencimientos de deuda en un momento en el que el acceso al crédito se encontraba prácticamente cerrado; y potenció la concesión de préstamos a bajo interés a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La Generalitat Valenciana, necesitada de liquidez, se acogió a los tres con los brazos abiertos. Y no solo ese año, sino también en los siguientes.Pero ese dinero del Gobierno no ha salido gratis. Aunque con carencia, el Consell lo tiene que reintegrar a las arcas estatales... con intereses.
Por otro lado, ese «plan c» podría servir además para disminuir la deuda histórica que el Ejecutivo mantiene con el Consell. El grupo de expertos nombrados por las Cortes la ha elevado a más de 13.000 millones de euros, más de dos terceras partes de un presupuesto anual del Consell. La reivindicación, en caso de cristalizar definitivamente, se producirá a partir del mes de septiembre. Fuentes de la Generalitat admiten que este mes de agosto es prácticamente inhábil y que no habrá novedades en el ámbito económico. Tras el pleno del Consell de este pasado viernes, de hecho, varios consellers se marcharon de vacaciones por unos días.
La falta de actividad no es exclusiva de la Comunidad. En Madrid, la situación es idéntica. El Ministerio de Hacienda, de hecho, decidió convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro en el que se debaten todas estas cuestiones, el pasado 31 de julio. En esa cita, la Comunidad recibió un respiro... aunque insuficiente. Con la reforma del modelo de financiación y el mecanismo de nivelación descartados, el Gobierno central sí acordó una rebaja en los tipos de interés a los que debe hacer frente el Consell por los préstamos del FLA. El ahorro ronda los 400 millones de euros. Sin embargo, esa decisión es insuficiente para la administración autonómica. Moragues, de hecho, se abstuvo en ese cónclave durante la votación que se realizó para avalar el objetivo de déficit del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2014. Fue la primera vez que se desmarcó de la doctrina del PP. Aunque Fabra es consciente de que será difícil que el Ministerio le perdone el pago de los intereses, fuentes del Ejecutivo apuntan que esa reivindicación se hará. «No perdemos nada», admitieron. Ya se ha conseguido una rebaja, pero el objetivo final será que los tipos queden a cero. El tiempo dirá.
