El juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, ha vuelto de sus vacaciones y se ha encontrado a su llegada con un informe policial de 800 páginas informe policial de 800 páginaselaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de Alicante en el que se analizan decenas de conversaciones relativas al citado plan urbanístico y la multinacional Ikea y en las que se aporta también documentación municipal recogida por la propia Policía en el Ayuntamiento.
El informe, en el que la Policía llevaba trabajando desde el mes de enero, concluye, según ha podido saber este diario, que tanto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, favorecieron la llegada de Ikea a terrenos que el promotor Enrique Ortiz tenía en la zona de Rabasa, donde proyectó el polémico Plan Rabasa, con más de 13.000 viviendas, que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el verano pasado con tres sentencias en contra.
El documento se centra en escuchas de 2008 y 2009, parte de ellas cuando Castedo ya era alcaldesa de la ciudad, y también sitúa a dos técnicos municipales de Urbanismo en el centro de un grupo de contactos de los que el empresario supuestamente se sirvió para canalizar el Plan Rabasa. Se trata del gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, y de la jefa del servicio jurídico administrativo de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, a quien le dijo la famosa frase de «trabaja un poco para mí». Según el informe, los investigados beneficiaron a Ortiz y tramitaron el Plan Rabasa y la implantación de Ikea en función de los tiempos, plazos e interés del constructor.
Tanto Castedo como Díaz Alperi están imputados en la causa judicial que se sigue por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Fue precisamente el mismo grupo policial el que llevó a cabo un informe sobre los hechos supuestamente delictivos en la tramitación del PGOU cometidos por ambos, y que incluía también las presuntas dádivas recibidas por Alperi y Castedo (vacaciones pagadas, un coche y vuelos en jet privado) por el supuesto trato de favor al empresario en el urbanismo de la ciudad. Estaban siendo investigados por el TSJCV por su condición de aforados, ahora perdida tras abandonar ambos las Cortes Valencianas al dimitir como diputados autonómicos, lo que motivó la devolución de la causa al juez de Alicante.
En líneas generales, el informe revela que hubo una actividad delictiva amparada bajo la apariencia pública del interés general que tenía la llegada de Ikea para Alicante, pero en la que, siempre según la Policía, se buscó el beneficio particular del promotor. Según el informe, Enrique Ortiz se benefició de distintos episodios ya conocidos y publicados por este diario, como la negociación en Oporto de Castedo y Alperi con responsables de Ikea o a través de tramitaciones municipales y ante el Consell que fueron tramitadas supuestamente en beneficio de Ortiz por técnicos de su confianza.
El informe se basa en las escuchas relativas al Plan Rabasa que se recabaron por la Policía durante la investigación del caso Brugal. Algunas ya estaban transcritas en el sumario de Brugal, pero se incorporan otras que en su momento no fueron incluidas en éste pero que sí figuran en los audios. El documento basa sus conclusiones en el análisis pormenorizado de estas conversaciones sobre la tramitación del Plan Rabasa y la llegada de Ikea a suelo de Ortiz, y aporta documentación municipal, planos y un resumen sobre qué es el Plan Rabasa, su ubicación y su tramitación, ya que se aprobó al margen del Plan General.
Reapertura del caso
Este informe era una pieza fundamental para que el magistrado tuviera en la mano los hechos presuntamente delictivos con los que avalar la denuncia presentada por EU. La formación de izquierdas forzó la reapertura del caso, ya que el mismo magistrado que lo lleva ahora archivó en 2010 -y Fiscalía tampoco lo recurrió- las diligencias que abrió después de que la juez de Orihuela que por entonces instruía el caso Brugal ordenara que un magistrado de Alicante investigara el Plan Rabasa en una pieza separada. En su denuncia, además de Castedo, Alperi, Sanus, Campos y Ortiz, EU también solicitó la imputación de dos cargos de Fomento y de la que fuera secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Vivienda, Maria de los Ángeles Ureña, si bien la Policía resta peso a estos tres últimos al no haber conversaciones directas con estos denunciados.
