La Generalitat seguirá sin personarse en la pieza del caso Gürtel que investiga el supuesto desvío de fondos públicos durante la visita de Benedicto XVI a Valencia para beneficiar a la trama Gürtel. La portavoz del Consell, María José Catalá, cerró la puerta ayer a la personación apenas una semana después de que saliera a la luz un informe de la Unidad de Delincuencia Economía y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que situaba al presidente de las Cortes, Juan Cotino (PP), como «elemento nuclear» en la toma de decisiones para las contrataciones del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en 2006. La red Gürtel, liderada en la Comunidad por Álvaro Pérez «El Bigotes», se hizo con uno de esos contratos. En concreto, con el de la instalación de pantallas y equipos de sonido, que subcontrató con posterioridad en la constructora leonesa Teconsa. «En el caso de que se demostrara, que todavía no se ha demostrado, que hubiera un quebranto de dinero a las arcas públicas, el retorno de ese dinero está garantizado y salvaguardado por la acción del Ministerio Fiscal», señaló ayer Catalá al ser cuestionada al respecto durante su comparecencia para informar de los acuerdos adoptados en el pleno del Consell. Y añadió: «La Generalitat no se plantea la personación porque no tiene la información de las diligencias que se han practicado ni se nos ha invitado a personarnos», apostilló la también consellera de Educación.

Ceremonia de la Volvo

La polémica adjudicación de la ceremonia de salida de la Volvo Ocean race en 2008 a Orange Market, de la que dio cuenta ayer este diario, también acarreó reacciones. El síndic socialista en las Cortes, Antonio Torres -al que el Consell al fin le ha facilitado las facturas en las que se constata que se abonaron 515.200 euros sin justificar el gasto-, reclamó al conseller de Hacienda que revise ese pago y «recupere lo que no está justificado».

Y el secretario general del PSPV en la ciudad de Alicante, Gabriel Echávarri, aportó una respuesta parlamentaria del Gobierno en la que se explicita que el Ejecutivo central «carece de datos» sobre el impacto económico que tendrá la salida de la prueba este año desde Alicante.