El nuevo plan de empleo que anunció este pasado lunes el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha excluido a más de 50 municipios de la provincia. Pese a que la iniciativa tiene entre sus objetivos principales recolocar a desempleados para acometer actuaciones en municipios de interior con el fin de prevenir incendios forestales, el Consell ha dejado fuera del programa a medio centenar de poblaciones de la montaña alicantina. Ninguna localidad de la Marina Baixa, la Marina Alta y l'Alacantí podrá participar en este plan que pretende dar trabajo a 1.000 parados en la Comunidad para impulsar actuaciones medioambientales. Así consta, de hecho, en la orden de ayudas publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). «El objeto de esta orden es la convocatoria de ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento de la población de los municipios del interior de la Comunitat Valenciana y promover la generación de empleo mediante la contratación de personas desempleadas para la ejecución de actuaciones relacionadas con la mejora del entorno natural y la prevención de incendios forestales», reza el documento en su Artículo 1.
La Generalitat, sin embargo, no considera zonas de interior ni a l'Alacantí, ni a las dos Marinas. Y eso, que más de 50 ayuntamientos asentados en esas tres comarcas están rodeados de vegetación, poseen en sus términos municipales decenas de hectáreas forestale y sufren un alto riesgo de incendio: La Torre de les Maçanes, Callosa d'en Sarrià, El Castell de Guadalest, Relleu, Sella, Confrides, Xixona, Agost, Busot, Aigües...
En la orden publicada ayer, por el contrario, el Consell de Alberto Fabra sí permitirá que municipios alicantinos sin superficie forestal puedan recibir ayudas. Según los datos de la propia Generalitat, Daya Vieja, Dolores y Rafal sí podrán participar en el plan de empleo pese a que no disponen de una sola hectárea de superficie forestal.
Alcaldes consultados ayer por este diario no daban crédito a la orden publicada en el DOCV. «No lo entiendo», zanjó un primer edil del PP, a la vez que anunció que se pondrá en contacto con la Generalitat para que dé marcha atrás e incluya a todos los municipios de interior. La alcaldesa en funciones de Xixona, Isabel López (PSPV), afirmó que la decisión del Consell «no tiene ningún sentido» y exigió que explique los criterios que ha seguido para designar los municipios que pueden acogerse al plan. Otros regidores, sin embargo, prefirieron haberse quedado fuera. «Lo primero que tiene que hacer la administración es pagar lo que debe», resumieron. Y es que, tal y como ocurrió con el plan de empleo del pasado año, muchas localidades temen que el Ejecutivo sume nuevos impagos a los que se remontan a varios años atrás.
Para este nuevo programa, la Generalitat destinará un total de cuatro millones de euros, tal y como anunció Fabra durante su comparecencia del lunes. Lo que no dijo fue que esa cantidad no saldrá al cien por cien de las exiguas arcas autonómicas. El 80% de este nuevo plan de empleo provendrá del Fondo Social Europeo y de ayudas del Gobierno central.
El Servef será el encargado de seleccionar a los trabajadores. Y a la hora de elegirles, tendrá en cuenta varios criterios: la mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado, la condición de persona con discapacidad, el nivel de protección por desempleo, la existencia de responsabilidades familiares, la condición de mujer y la situación o riesgo de paro de larga duración, tal y como consta en la orden de ayudas.
En ella además se detallan los trabajos que deberán desempeñar aquellas personas que sean contratadas. Se trata de apertura de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, incluyendo trabajos de apeo, poda, clareo y desbroce selectivo de matorral; mantenimiento de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, incluyendo trabajos de poda, clareo y desbroce selectivo de matorral; mantenimiento de la red viaria forestal, incluyendo trabajos de limpieza de cunetas, pasos de agua, y pequeñas mejoras del firme; limpieza y acondicionamiento de cauces y riberas, y de barrancos y ríos; mantenimiento y acondicionamiento de puntos de agua para extinción de incendios forestales; acondicionamiento de paelleros en áreas recreativas; y actuaciones de mejoras del medio natural.
Los trabajadores se integrarán en brigadas que estarán formadas por al menos cuatro empleados, de los que al menos tres serán parados. Además, la aportación de la Generalitat servirá para financiar los costes salariales de los desempleados, incluida la cotización a la Seguridad Social.
El plan de Alberto Fabra no es nuevo. De hecho, su antecesor en la Presidencia, Francisco Camps, impulsó uno similar que se desarrolló entre 2004 y 2011.
