Al calor de las buenas noticias sobre la reducción del paro en la Comunidad Valencianareducción del paro, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer un nuevo plan de empleo dotado con 4 millones cuyo objetivo es incentivar la contratación de más de 1.000 parados vía ayuntamientos. Una vez más serán las administraciones locales quienes harán de empresas y pagarán la nómina de los nuevos trabajadores que, en esta ocasión, desempeñarán labores relacionadas con la vigilancia de los montes. El Consell de Fabra logra mediante esta vía subvencionar la creación de empleo esquivando las exigencias de austeridad marcadas por el Ministerio de Hacienda que, tanto a través de la ley de Presupuestos del Estado, como de la ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, establece toda una serie de restricciones para el gasto público en general, y en concreto, en el capítulo de personal.
El nuevo plan de ayudas, presentado en Villamarxant, se suma al que en su momento fue el proyecto estrella de Fabra para luchar contra el paro: el plan de empleo conjunto entre las tres administraciones (diputaciones, ayuntamientos y Generalitat). En su origen este proyecto estaba pensado para incentivar que los empresarios locales contrataran parados. Sin embargo, el plan fue un fracaso y, tal como ha ido informando este diario, la Generalitat se ha visto obligada a reformarlo hasta el punto de que el dinero se destinará directamente a los ayuntamientos para que estos contraten parados. Para cumplir este objetivo, la Generalitat, como han hecho otras autonomías, sortea la ley de Presupuestos del Estado para 2014 que es muy estricta respecto a la contratación de personal. De hecho, establece que a lo largo del año «no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos».
Las gateras de la ley
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, dejó, sin embargo, una puerta abierta ya que la ley recoge excepciones a la prohibición. Así, se considera que si podrá haber contratos «en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales». Es a través de esta gatera por donde tanto la Generalitat como las diputaciones, que gestionan el plan, ven encajable que los ayuntamientos hagan contratos puntuales (de dos meses como mínimo) sin vulnerar las restricciones sobre el gasto.
Además, el plan de empleo conjunto con las tres diputaciones de la Comunidad se pagará principalmente a través del capítulo VI, otra puerta que también abre el Gobierno central para los casos en los que la contratación temporal sirva para la realización de obras o servicios que tengan por objeto la ejecución de obras por administración directa, no pueda ser ejecutada por personal de plantilla y cuente con consignación presupuestaria.
