El Consell no tuvo más remedio que echarse al monte y enfrentarse abiertamente con Madrid durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a dar la espalda a las reivindicaciones de la Comunidad. No se atendió ni una sola de las peticiones de la Generalitat, una de las autonomías más perjudicadas por el actual sistema de financiación. De los mil millones que exigía el Ejecutivo de Alberto Fabra para salvar 2014 sin tener que meter más la tijera, el Ministerio de Hacienda apenas concedió para este año una «propina» de 79 con la condonación de parte del pago de intereses por el rescate. Una cantidad que no resuelve el problema. Con esta situación, por vez primera, Fabra escenificó la rebelión, rompió la disciplina del PP y se abstuvo en esa votación -fue la única autonomía bajo mando popular que tomó ese camino- junto a Navarra para aprobar el tope de déficit. Pintan bastos para el titular del Consell a menos de diez meses para las decisivas elecciones autonómicas.
El titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, acudió a la convocatoria con un mandato claro: reclamar esos mil millones para cubrir el año y negarse por activa y por pasiva a aplicar nuevos hachazos en los servicios públicos. Pero Cristóbal Montoro no se privó de dar un nuevo portazo a las aspiraciones de la Comunidad. Ni habrá cambio en el modelo de financiación -lo reiteró de forma explícita-, ni tampoco un mecanismo de compensación mientras se pone en marcha un nuevo sistema de reparto de fondos, ni siquiera una mejora de los anticipos a cuenta. El único balón de oxígeno será el «perdón» de casi 400 millones en dos años, 79 para 2014 y 320 para 2015, de los intereses del rescate. Insuficiente para cubrir las necesidades del Consell que, de acuerdo con todos los cálculos, deja de percibir unos mil millones anuales por el injusto reparto de la financiación autonómica. «Pecata minuta» para el enorme colapso de liquidez en el que se mueven las cuentas autonómicas.
Con este panorama, a Fabra no le quedó otra salida que escenificar la revuelta. Está contra la espada y la pared: la mayoría de los indicios le ponen fuera del Palau de la Generalitat en 2015 y necesita una inyección extra para llegar sin sobresaltos financieros al final del mandato. Llevaba semanas amagando y sumando apoyos entre los empresarios para elevar el tono de la presión contra Madrid. Pero a la vista de que el Gobierno no se mostró sensible durante la reunión, el Consell se convirtió en la única autonomía del PP que se abstuvo en la votación del déficit. Un salto cualitativo que pone a Fabra en el bando de los «barones» territoriales del PP que levantan la voz frente al tándem de Montoro y Rajoy, algo que en Madrid no había explicitado hasta ahora.
La única decisión positiva que se tomó en el Consejo para la Comunidad fue el aplazamiento de la presentación del programa de ajuste que, para este año, tiene que incluir nuevos recortes por importe de 1.000 millones. La Generalitat, como confirmaron fuentes autonómicas, considera que ese retraso en la aprobación del documento -una revisión que estaba prevista inicialmente para la reunión de ayer- le ofrece un cierto margen, como mínimo temporal, para poder negociar. Pero lo cierto es que, en esta tesitura y sin más dinero, el plan de reequilibrio tendrá que «pintar» ese escenario con recortes por 1.000 millones. El conseller de Hacienda de Cataluña, Andreu Mas Colell, advirtió que, con esta decisión, Madrid le obliga a aplicar recortes en Educación y Sanidad. No es una intervención sin valor: la situación de las cuentas de la administración valenciana es muy similar a la de las catalanas. Y todos los indicios apuntan, precisamente, a que no habrá más dinero. Montoro anunció, de hecho, que la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal no se celebrará hasta el mes de octubre. Para entonces ya estarán cerrados los presupuestos del Estado de 2015 -deben estar en el Congreso el 30 de septiembre- y habrá poco que rascar. Moragues, al menos de puertas hacia fuera, no se salió de su guión: «Hay que elevar los ingresos», clamó.
Para el Consell, los 79 millones por la condonación de intereses son insuficientes pero es que, además, el impuesto a los bancos que trató de poner en marcha Moragues está en el aire y tampoco está funcionando como vía de ingresos la venta de patrimonio. Podrían estar en peligro, incluso, medidas a las que se había comprometido el conseller por unos 200 millones para dar marcha atrás con medidas de recortes que se habían tomado con anterioridad. Situación desesperada.
