Colleja a la Conselleria de Hacienda por su plan de estabilidad financiera que se convierte también en un posible anticipo de la reacción del Gobierno a este mismo programa que presentará el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo creado en pro de la estabilidad presupuestaria tras el rescate a la banca española y vinculado al Ministerio de Hacienda, se posicionó ayer sobre el Plan Económico-Financiero (PEF) de las comunidades autónomas que no cumplieron con su objetivo de déficit en 2013 -y al que están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria- con el fin de ofrecer su punto de vista antes de que el ministro Montoro y los consejeros de Hacienda de cada autonomía se reúnan esta semana para discutir las medidas que proponen Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y la Comunidad para corregir su desequilibrio fiscal.
El diagnóstico de este observador no es ni vinculante ni bueno. La Autoridad no confía al 100% en que ninguna autonomía logre alcanzar la meta, pero a la que menos crédito da es a la Comunidad Valenciana, que es, a su juicio, la única en el grupo de rezagadas en la que será «muy improbable» que se cumpla el objetivo de déficit para 2014: que los gastos superen a los ingresos en sólo el 1% del PIB autonómico. Por esta razón pide que se revise «en profundidad» el plan de ajuste, el PEF, y que se diseñe un «conjunto ambicioso de medidas».
¿Qué tipo de medidas pide la Autoridad? La Generalitat despejó ayer las dudas en una casi furibunda respuesta al dictamen de la Autoridad. «No vamos a hacer más recortes. Los valencianos han hecho ya suficientes esfuerzos y la solución tiene que venir ahora por la vía de los ingresos», apuntaron ayer fuentes de la Conselleria de Hacienda, que remitió una nota a los medios en la que confrontaba cada negativa del organismo fiscal al plan de estabilidad. La posición de la Generalitat es que ya es imposible aplicar más tijera y que le toca al Estado aportar el grueso del puntal económico que precisa la Comunidad Valenciana. Podrá rascar un tercio de esa financiación extra -el plan se enfoca a un aumento de los ingresos de 1.507 millones de euros-, pero el lado del mayor esfuerzo, plantean, debe cambiar.
Es la obtención de esos 1.507 millones lo que hace que el ente fiscal no vea clara la idea del Consell, y lo que convierte este rechazo en un nuevo capítulo de la eterna lucha entre Generalitat y Administración central: la infrafinanciación del territorio.
El «Fondo de Nivelación»
El PEF, donde «no se contempla ningún recorte de gasto más», como señalaron desde la conselleria, cuenta con que el Estado realizará este año una aportación de 1.000 millones de euros con cargo al unilateralmente proclamado «Fondo de Nivelación», una suerte de compensación que se reclama al Gobierno porque lo que recibe la Generalitat de la solidaridad autonómica «no cubre ni el gasto Educación y Sanidad», según las citadas fuentes. «Los servicios públicos fundamentales nos cuestan 9.200 millones, pero por el modelo actual de financiación autonómica sólo nos llegan 8.200. El Fondo es para nivelar esa diferencia», apuntaron las citadas fuentes.
Pero la Autoridad se encoge de hombros ante esta reclamación. «Hasta el momento no se ha acordado la dotación del mismo», cita en su informe, por lo que no considera que este fondo sea una medida de ajuste real ni aceptable. En Valencia, no obstante, confían en que la presión realizada durante todo el año en este sentido dé algún fruto y contribuya a que Montoro acceda, si no a ingresar el total que se demanda, a transferir una parte como compensación.
El organismo también echa por tierra la previsión del Consell de sacar 507 millones por sus propios métodos. Entre estas medidas, duda de que la venta de patrimonio por valor de 141 millones esté «debidamente justificada» en el PEF y sostiene que la aplicación de un Impuesto sobre Depósitos Bancarios, a la que se fía el ingreso de otros 230 millones, no ha recaudado «importe alguno» en lo que va de año y que, por tanto, cabe esperar una recaudación «muy inferior» a la que prevé. Por todo ello, y pese a reconocer el «considerable esfuerzo» por controlar el déficit, pide más recortes al Consell.
Respuesta
La Generalitat protestó como un jugador que siente recibir una amarilla totalmente injusta. En su respuesta, recordó en reiteradas ocasiones el tratamiento que le da el modelo de financiación autonómica y pone en cuestión el rigor del informe de la AIReF. Asegura que se apoya en una versión no definitiva del déficit que se alcanzó en 2013 -el 2,33% en vez de tomar el 2,21% definitivo-; que ignora que la tasa de depósitos bancarios ha generado ingresos de 67 millones en el primer trimestre; que el dictamen no es vinculante; que el propio experto de Montoro para la financiación autonómica, Ángel de la Fuente, ha sido testigo de la infrafinanciación de la Comunidad y, sobre todo, argumenta que ya no puede recortar más y que es hora de recibir una merecida ayuda. «¿Más ajustes? Podríamos cerrar el Hospital de la Fe. Eso ahorraría mucho dinero», ironizaron desde la Conselleria de Hacienda.
