La noticia cayó como una bomba en el Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea, a propuesta de Eurostat, acordó el viernes de hace dos semanas abrir una investigación por la posible manipulación del déficit por parte de la Generalitat como consecuencia de la «sistemática» ocultación de facturas en los cajones hasta que en 2012 el plan de pagos a proveedores propició su afloramiento. El Gobierno, que se ha aplicado en la labor de implantar las medidas exigidas por Bruselas de supervisión y control del gasto, así como de transparencia en la información presupuestaria, y que mantiene embridada la prima de riesgo, temió que esos esfuerzos cayeran en saco roto si de nuevo volvía a ponerse en tela de juicio la credibilidad de las cifras de déficit de España. Los temores se disiparon pronto porque el comisario de Fiscalidad y y responsable de las estadísticas oficiales de la UE, el conservador lituano Algirdas ?emeta, dejó claro que la investigación no ponía en entredicho la información de déficit y deuda de España, sino que pretendía indagar en una práctica descubierta en la Comunidad y que la Comisión considera absolutamente censurable.
Superado el sobresalto, en el ministerio se pasó a otro estadio, el de la estupefacción. ¿A qué viene, entonces, la apertura de un expediente, que aunque afecta a una comunidad se dirige contra España, y que viene a poner palos en las ruedas del trabajo realizado para abrir los mercados y convencerlos de la fiabilidad del país? Oficialmente, el Ministerio de Hacienda ha eludido cualquier valoración sobre la iniciativa de la Comisión. No la ha puesto en duda, ni la ha comentado, más allá de enfatizar que no se cuestiona la «marca España». Pero en privado el propio ministro Cristóbal Montoro ha exteriorizado el malestar por la actuación de los responsables europeos. Máxime cuando se trata de unas prácticas que se conocieron porque las comunicó el propio ministerio en mayo del año 2012.
