Eusebio Monzó, hasta el viernes mano derecha del conseller Moragues en Hacienda, es el último de una lista de 23 rostros conocidos del PPCV o de la Generalitat que han sufrido las líneas rojas del presidente Alberto Fabra. Una doctrina que consiste en apartar de la primera línea a aquellos responsables políticos que resultan imputados por casos de corrupción, con independencia de lo avanzada que se encuentre la investigación judicial.
La norma sólo afecta altos cargos de la Generalitat y cargos orgánicos del PP, pero Fabra no se ha atrevido a forzarla para los alcaldes o diputados, a quienes sólo les ha pedido el acta una vez se ha decretado el juicio oral. La doble vara de medir, con la excusa de que el escaño es personal, ha llevado a situaciones tan estrambóticas como forzar a viva voz la salida de la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez, mientras fuera de los focos se le garantizaba que seguiría de alcaldesa de Novelda, como así ha sido.
Pese a las incoherencias, lo cierto es que la mano dura de Fabra con los imputados le ha acabado dando resultado en algunos ámbitos, sobre todo en el que se presentaba como más problemático cuando relevó a Francisco Camps en medio de una crisis institucional y de partido sin precedentes a raíz de la apertura de juicio al expresidente en la causa de los trajes de Gürtel.
Fabra ha llegado a gobernar con once personas dentro de su grupo parlamentario imputadas o a punto de estarlo por asuntos turbios como Gürtel o Brugal. A un año de acabar la legislatura, sólo tres diputados, ninguno de ellos con responsabilidades en el grupo, permanecen en las Cortes, sin que ya representen como antaño una amenaza interna.
Ahora bien, si el objetivo de Fabra era quitarse de encima el sambenito de que gobierna un partido infectado por la corrupción, no lo ha logrado, ya que sus líneas rojas no han servido para callar la boca a la oposición ni para retirar el asunto de la agenda política y mediática. Incluso le ha generado grandes detractores internos que consideran injusto que no se examinen los casos uno por uno.
Colaboradores muy estrechos de Fabra en su primera etapa en el Palau le advirtieron de que poner la raya en la imputación sería un problema. Y así ha sido. Su política le ha llevado incluso a tener que prescindir de un conseller de Hacienda (José Manuel Vela, imputado por filtrar un informe del caso Blasco y finalmente exonerado por el archivo) y de quien llegó a ser una de sus principales colaboradoras en Presidencia, la exsecretaria de Comunicación Lola Johnson. A Fabra no le tembló el pulso para pedirle que se fuera, como tampoco ha tenido contemplaciones en echar al secretario autonómico de Hacienda antes incluso de que haya recibido la notificación oficial de su imputación.
Eso sí, ante los 23 rostros afectados por las líneas rojas, no siempre ha actuado con el mismo arrojo. Carlos Fabra, en su momento padre político del presidente, se tomó su tiempo tanto para dejar la presidencia del partido en Castellón como la de la empresa pública Aerocas. En su particular guerra contra los imputados ha habido de todo: unos se han resistido con uñas y dientes (Blasco, hoy condenado, promovió una fallida rebelión interna), mientras que otros le han puesto las cosas más fáciles (Alicia de Miguel dejó el escaño antes de conocerse su imputación).
Fuentes del entorno de Fabra aseguran que el presidente está arrepentido de sus líneas rojas, máxime cuando ni siquiera con ello se ha ganado el apoyo de Génova. El PP nacional pacta ahora con el PSOE dónde poner el límite y su criterio está claro: cuando se decrete juicio oral. Fabra también se sabe solo, ya que, aunque nadie le planta cara, la mayoría de sus consellers no comparte su criterio.
