La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) se declaró ayer incompetente para instruir las piezas 2 y 3 del «caso Cooperación» -relativas a subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas ONGs entre los años 2009 a 2012 y al proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto- después de renunciar Rafael Blasco a su acta de diputado en las Cortes y quedarse el procedimiento sin aforados.
Blasco dimitió el 29 de mayo una vez que fue condenado a la pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, dentro de la pieza 1 del «caso Cooperación», relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.
El exdiputado y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, quien fue condenado por el desvío de ayudas en proyectos de cooperación y por evitar que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalización, renunció a su acta pero siempre ha mantenido que es «inocente». De hecho, ha recurrido su condena ante el Tribunal Supremo. El TSJ, sin embargo, ahora ha perdido su competencia por la dimisión.
