La causa judicial por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa empieza a sumar partes personadas. El último en hacerlo ha sido el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, quien solicitó al magistrado formar parte del procedimiento al ser uno de los denunciados por la formación EU por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
EU concretó en los juzgados varias conversaciones que, a su juicio, merecían la investigación del Plan Rabasa, previamente archivada por el mismo juez en 2010. Para la formación de izquierdas, varios son los pasajes en los que Sanus aparece ligado a lo que creen pudo servir de empujón para facilitar las cosas a Ortiz y lograr la implantación de Ikea en el Plan Rabasa.
El 25 de septiembre de 2008, un empleado informa a Ortiz de la imposibilidad de la Conselleria de hacer el informe al Texto Refundido del Plan Rabasa, como le transmitió Enrique Sanus, por lo que Sonia Castedo, tras la dimisión de Díaz Alperi, habría ordenado a Isabel Campos realizar un informe. Ortiz a continuación habla con Sanus, que le confirma la información, haciendo hincapié en las órdenes de la alcaldesa de acelerar la aprobación del Plan, «para lo que sugiere que, además del informe jurídico a cargo de Isabel Campos García, encargaría un informe externo de una arquitecto», expone EU en su denuncia. El 12 de noviembre de 2008, Enrique Sanus le confirma a Ortiz la conclusión del informe, con lo que faltaría redactar la propuesta para llevarlo al pleno del día 21 de noviembre. «Para asegurarse, Ortiz se pone en contacto con Isabel Campos al día siguiente, quien le manifiesta que esa mañana Javier Llorens entregaría un plano a otra persona para poder concluir el informe, pero le indica que el pleno se había suspendido, lo que daría más tiempo para concluirlo», prosigue EU. Posteriormente, Campos traslada al empresario un nuevo contratiempo para que fuera a pleno, pero que si no podía ser se haría uno extraordinario para ello.
La denuncia documenta las gestiones que la alcaldesa, Sonia Castedo y el ex alcalde Díaz Alperi, realizaron presuntamente a instancias de Ortiz ante las dificultades de última hora que la multinacional IKEA ponía para su instalación en terrenos de Rabasa, derivadas de la intención de la mercantil de abaratar el precio de los mismos. Para ello Castedo y Alperi se trasladaron a Oporto para reunirse con los representantes de IKEA. Remitido el acuerdo de aprobación municipal del Plan Rabasa a la delegación territorial de Alicante, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, su responsable consideró que la documentación «adolecía» de un plano acústico, lo que supondría un nuevo escollo. El Plan habría de someterse a nueva aprobación del pleno del Ayuntamiento de Alicante. Ante dicho contratiempo, siempre según la denuncia de EU, «Ortiz despliega de nuevo su red de influencias y con la mediación de Enrique Sanus y del Director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Alicante, Enrique Peiró, logran el visto bueno de la delegada territorial de la Consellería acordando diferir la inclusión del plano acústico al proyecto de urbanización.
Sanus, a quien EU ha pedido al juez que cite a declarar en calidad de imputado junto a la alcaldesa Sonia Castedo; el exalcalde Díaz Alperi, o el empresario Enrique Ortiz, entre otros, se ha encontrado con el rechazo de la Audiencia Provincial a admitir el incidente de nulidad contra las escuchas de Rabasa presentado por su representación letrada.
La misma negativa sobre los pinchazos le dio ayer mismo la Audiencia de Alicante a Isabel Campos, jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo, otra de las denunciadas y ya personadas en la causa y a quien EU acusa de haber trabajado en beneficio del constructor alicantino.
