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16 de julio de 2014
16.07.2014

Los empresarios revelan que las deudas del Consell son impagables y exigen una quita

La patronal autonómica exige la condonación de 14.000 millones del «agujero» que la Generalitat arrastra con los bancos

19.07.2014 | 01:44
Imagen de la asamblea de Cierval, celebrada ayer en Valencia

Los empresarios le pegaron una nueva vuelta de tuerca a la presión contra el Gobierno de Mariano Rajoy para que cambie el actual sistema de financiación autonómica que lastra el margen de maniobra de la Generalitat pero, al tiempo, abrieron una vía de consecuencias impredecibles que coloca a la Comunidad Valenciana al mismo nivel que la desahuciada Grecia: el impago de la deuda con los bancos. Durante la asamblea de la patronal autonómica, el presidente de Cierval, José Vicente González, dejó claro, en la línea que han planteado fuerzas políticas de izquierda y colectivos de economistas progresistas, que la deuda de la Generalitat –unos 35.000 millones, según el último informe del Banco de España– es impagable y que, por tanto, sería necesario un plan para refinanciar ese «agujero» que incluyera, además y según los cálculos empresariales, una quita de alrededor de 14.000 millones, una cantidad que equivale más o menos a la inyección económica que la Generalitat ha recibido a través de las diferentes líneas del rescate, préstamos avalados por Madrid con los que la bola de la deuda de la Comunidad se ha hinchado casi hasta el infinito a lo largo de los últimos tres años.

Con acusaciones durísimas contra Madrid de actuar como una «madrastra pérfida» con los valencianos y citando por vez primera en público la posibilidad de una intervención de las cuentas del Consell por parte de Cristóbal Montoro, la patronal autonómica definió un escenario político con «tres grandes problemas». La infrafinanciación, que ha castigado a la Generalitat con, al menos, mil millones menos de ingresos año tras año; la falta de inversiones del Estado que, de acuerdo con los cálculos de la Cámara de Contratistas, ha supuesto que dejen de llegar unos 6.000 millones en infraestructuras; y la deuda de 35.000 millones –unos 6 billones de las antiguas pesetas– de los que entre catorce y quince mil millones se han generado por la falta de ingresos que tiene como origen el expolio al que ha sido sometido el Consell desde Madrid y en otra parte, como reconocieron los empresarios, por algunos «excesos cometidos» en la gestión.

Con este nuevo gesto, los empresarios redoblan un discurso crítico con La Moncloa que cuenta con el visto bueno de Alberto Fabra –necesitado de exhibir el éxito de contar con más ingresos como trofeo de cara a las autonómicas de 2015– pero que, a la vez, ha avivado el malestar de parte de la clase empresarial que se considera utilizada por el PP y que lamenta un debate focalizado en exclusiva contra Madrid pero que obvia, a su vez, la gestión desplegada por los populares a lo largo de las dos últimas décadas.

La patronal, aún pendiente de la fecha de la reunión con Cristóbal Montoro, está dispuesta a elaborar un plan «razonable» de pago de la deuda toda vez que, en su opinión, la Generalitat es «viable». «Ni podemos abonar esa deuda ni la vamos a poder pagar toda», subrayó José Vicente González. Para el presidente de Cierval «la única solución posible» pasa por el impago de una parte de la deuda –unos 14.000 millones que tienen el aval del Estado– y la refinanciación del resto –otros 20.000 millones– a un tipo de interés sostenible en un momento, apuntó, en el que la recuperación económica aún es lenta. Con una condonación de casi la mitad del lastre que la Generalitat arrastra y una mejora de la financiación, la administración autonnómica vería los próximos años con algo menos de incertidumbre.

Cierval, por eso, se mostró muy firme a la hora de volver a reclamar una mejora de la financiación, sistema que se tenía que haber reformado en enero y que ahora está a la espera de lo que ocurra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a finales de mes. «Cada valenciano recibe del Estado cada año 204 euros menos que la media nacional, a pesar de que la renta por cada ciudadano de la Comunidad es del 87,8 por ciento de la renta media. Como somos cinco millones, eso supone 1.000 millones al año menos de transferencias del Estado que el promedio de España», puntualizó la patronal en un discurso cada vez más reivindicativo. «La infrafinanciación –concluyó– es una barrera para nuestro desarrollo». «Cada euro invertido» en la Comunidad «se multiplica», por lo que «si recibiéramos lo que nos corresponde, el Estado habría hecho un magnífico negocio: creceríamos y crearíamos empleo».

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