Ni una, ni dos, ni tres... El PP ha paralizado en Madrid hasta en 12 ocasiones la posibilidad de que el Gobierno mejore la financiación de la Comunidad Valenciana mejore la financiación e invierta más fondos en Alicante, Valencia y Castellón. La última polémica se ha producido esta misma semana. Este pasado martes, el síndic popular en las Cortes, Jorge Bellver, informó que su partido había decidido posponer la tramitación de la reforma del Estatuto en la Cámara Baja una vez másposponer la tramitación . ¿Por qué? Pues para tratar de abordar una modificación del texto con más profundidad. Las pretensiones de los populares valencianos pasan, principalmente, por reducir el número de diputados en la Cámara autonómica (de 99 a 79) y por la elección directa de una parte de los parlamentarios. Pero existe un problema. Los tres partidos de la oposición -PSPV, Compromís y EU- ya han manifestado en varias ocasiones que se oponen a esas propuestas del PP. Quieren que se respete el acuerdo que sellaron todos los grupos en las Cortes en el año 2011 y se vote en el Congreso, de una vez por todas, la modificación estatutaria para blindar las inversiones.
Con la de esta semana, ya son 12 ocasiones las que se han desmontado en Madrid las reivindicaciones que sí se hacen en la Comunidad. La disparidad de criterios tuvo su origen el 9 de marzo de 2011. Ese día, las Cortes acordaron incluir una cláusula en el Estatuto de Autonomía que «obligaba» al Gobierno central a tener en cuenta la población de la Comunidad a la hora de repartir sus inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta no era nueva. De hecho, ya estaba plasmada en otros estatutos como el de Cataluña, Aragón o Andalucía. Todos los grupos votaron a favor de esa iniciativa a excepción de EU, que se abstuvo porque se desestimaron sus enmiendas.
Esa propuesta se elevó al Congreso para su aprobación definitiva, pero hoy, más de tres años después, el «sí» de Madrid sigue pendiente. Básicamente, por el temor de los populares valencianos a ser desautorizados por su propio partido. Los aplazamientos han sido múltiples, tal y como se puede apreciar en el cuadro que acompaña a esta información. El último, esta semana, justo cuando los empresarios han dicho también basta por la escasez de fondos estatales que llegan hasta las comarcas valencianas. escasez
Las diferencias entre lo que se defendía en Valencia y lo que posteriormente ocurría en Madrid no sólo se han dado con el blindaje de inversiones. También han sido notables con el modelo de financiación autonómica. Los populares han tumbado hasta dos propuestas defendidas por el líder del PSPV, Ximo Puig, y otra del parlamentario de IU Ricardo Sixto para que la Comunidad Valenciana deje de estar infrafinanciada con el actual sistema de reparto de fondos. Pese a que las críticas al actual modelo han sido una constante en los últimos meses por parte de los dirigentes del PPCV, cuando la situación se ha abordado en Madrid, los parlamentarios populares han dicho que «no». La situación es ahora tan dramática que Alberto Fabra y su Consell se han declarado insumisos ante las exigencias del Gobierno. Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como su número dos, Antonio Beteta, han reclamado a la Generalitat nuevos ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. La Generalitat, sin embargo, se ha rebelado y ha remitido a Madrid un plan financiero sin un solo ajuste. Pero es que, además, ha previsto unos ingresos de 1.000 millones procedentes del Estado. Fabra podrá salir pronto de dudas. Antes de que finalice julio se reunirá con Montoro y sabrá si la Comunidad recibe fondos adicionales o, por el contrario, da otro paso más hacia el colapso financiero.
