Los problemas se le acumulan al Consell de Alberto Fabra. La investigación que le ha abierto Bruselas para tratar de esclarecer si manipuló sus cuentas hasta el año 2011 con el objetivo de esconder su déficit real sacará también a la luz, tal y como ha venido informando este diario, que la Generalitat ha aprobado facturas burlando todos los mecanismos de control administrativo. En el procedimiento que acaba de abrir la Unión Europea (UE), de hecho, se intentará determinar si el Ejecutivo autonómico gastó más de 1.860 millones en Sanidad sin ningún tipo de supervisión de la Intervención.
La respuesta es que sí. Así lo ha admitido el actual conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al portavoz socialista de Economía en las Cortes, Julián López Milla. Sorprendido por las constantes variaciones de déficit de la Comunidad en los últimos años (la Generalitat anunciaba una cifra pero meses después se actualizaba al alza), el diputado del PSPV registró una pregunta en la Cámara interesándose por los informes que había elaborado la Intervención General -un órgano adscrito a la Conselleria de Hacienda encargado de velar por el cumplimiento de la ley- sobre las facturas que la Generalitat había aprobado al margen del Presupuesto. La respuesta que le ha dado Moragues no deja lugar a la duda: «Esta información se rinde al Ministerio mediante la cumplimentación de los modelos oficiales de cuestionarios aprobados por él, no existiendo, por tanto, informe expreso emitido por la Intervención General».
La investigación que ha abierto ahora Bruselas no arrojará resultados novedosos. La Sindicatura de Cuentas, de hecho, ha venido advirtiendo todos los años en sus informes anuales que el Consell aprobaba facturas sin consignación presupuestaria, especialmente durante la etapa de Francisco Camps en la Presidencia. El Consell obraba de dos formas distintas a la hora de contratar servicios que no estaban previstos en los Presupuestos. O bien decidía esconder la factura correspondiente en el cajón, o bien la incluía en la cuenta 409, un apartado contable en el que se incluyen aquellos gastos que no se pueden afrontar por falta de ingresos. La diferencia entre una y otra es que una fórmula no computa para el déficit, mientras que la segunda sí. Y el Consell, de acuerdo con la Sindicatura de Cuentas, hizo un uso excesivo de la primera. De ahí que Bruselas haya decidido investigar.
Fue, curiosamente, uno de los mecanismos de rescate que impulsó el Gobierno el que ha permitido aflorar todas las facturas en los cajones del Ejecutivo autonómico. Corría el año 2012. Escasos meses después de que Mariano Rajoy accediera a La Moncloa, el Ministerio de Hacienda impulsó un plan de pago a proveedores para que las administraciones públicas españolas pudieran abonar las facturas que tenían pendientes. La Generalitat Valenciana se acogió con premura a la iniciativa y terminó recibiendo 4.300 millones. De esa cifra, cerca de 1.800 sirvieron para saldar los gastos de Sanidad que se encontraban sin reconocer y que, de acuerdo con la información de la propia Conselleria, escaparon al control de la Intervención.
Acogerse al plan de pago a proveedores tuvo sus consecuencias. Al margen de las amortizaciones y los intereses correspondientes que hay que devolver en los próximos años al Gobierno central, la Generalitat tuvo que remitir también a Cristóbal Montoro un plan de ajuste. Y en él se incluyeron las cantidades que el Consell tenía previsto aplicar a su Presupuesto. Eso sí, sólo las incluidas en la cuenta 409. Al cierre de 2012, la cantidad ascendía hasta 5.537,8 millones, de acuerdo con ese documento. En la Cuenta General, sin embargo, esa cifra se rebajó hasta los 3.509,9 millones. En 2010, la Generalitat sólo reconoció 36,9 millones en esa cuenta. La propia Sindicatura, en su informe de 2012, reconoció que el gasto que afloró se efectuó al margen de la normativa y sin ningún tipo de control administrativo.
