EU y los dependientes llevarán a Juan Cotino a los tribunales en base a las escuchas telefónicas de la operación Brugal por la gestión durante su etapa en Bienestar Social. La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia acordó el pasado fin de semana presentar una denuncia contra Cotino, actualmente segunda autoridad de la Comunidad como presidente de las Cortes, por el presunto trato de favor, malversación y prácticas corruptas en la gestión de los fondos destinados a la financiación de la Ley de la Dependencia. Todo ello a raíz del contenido de las cintas que forman parte de la investigación de Brugal, que revelan conversaciones entre Enrique Ortiz y un sobrino de Cotino en las que aluden a la supuesta influencia del entonces conseller con Francisco Camps para favorecer a empresas de gestión de residencias de ancianos vinculadas al constructor y también a la propia familia del exconseller.

Esquerra Unida, por su parte, ya presentó ayer ante la Fiscalía del TSJ los expedientes de las adjudicaciones en 2009 de plazas de residencias por si hay tráfico de influencias del entonces conseller, Juan Cotino, al conceder negocios por valor de 15 millones de euros a las empresas Gerocentros-Savia, «vinculadas a su familia». Esther López Barceló, diputada de EU, explicó a los periodistas que liga estas adjudicaciones a las escuchas que se han conocido en los últimos días sobre su papel para conseguir presuntamente negocios para su familia y que forman parte de la pieza separada del caso Brugal. Las adjudicaciones se produjeron cuando Cotino era conseller de Bienestar Social, así como las resoluciones de esas licitaciones, si bien la publicación se hizo cuando era titular de la Conselleria de Medio Ambiente, según la diputada.

Además de la propia denuncia, la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia presentará una iniciativa legislativa popular en las Cortes para exigir la derogación de todos los copagos impuestos por el Consell en el último año en dependencia, residencias y centros de día y derogación de la prestación farmacéutica.