Ni la investigación judicial; ni la imputación de los principales protagonistas de la tramitación empezando por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, terminando por el empresario Enrique Ortiz y pasando por Luis Díaz Alperi; ni siquiera el audio de las escuchas incluídas en el sumario que revela la estrecha relación entre los encausados. Nada de eso va a paralizar, al menos de momento, la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). Así se lo comunica la consellera de Infraestructuras y Urbanismo, Isabel Bonig, a la diputada de Compromís Mireia Mollá. «No concurre ninguna de las causas de suspensión», apunta Bonig, ahora también número dos de Alberto Fabra en el PP, en una respuesta por escrito.

Hace dos meses y con el procedimiento judicial todavía en el TSJ antes de la dimisión de Castedo y Alperi de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís por Alicante registró una pregunta en la que tildaba el citado planeamiento urbanístico -bajo sospecha por el supuesto trato de favor que recibió Enrique Ortiz en la tramitación municipal a través de su trato directo con Castedo y Alperi- de «inservible». «Fue pensado para una ciudad sumergida en el "boom" inmobiliario», subraya Mireia Mollá en la iniciativa parlamentaria antes de remachar: «Y, además, su redacción está siendo investigada en el marco del caso Brugal por presunta corrupción». La coalición, como se recordará, se ha mostrado siempre a favor de dar carpetazo a un documento que está pendiente de una instrucción judicial que dura ya casi un lustro y, si procede, iniciar otro expediente. El actual, según Compromís, está «viciado» por la investigación judicial.

En su respuesta, la consellera Isabel Bonig, sin embargo, ratifica que la intención de la Generalitat es seguir adelante con el procedimiento administrativo sin tener en cuenta la instrucción. «A día de hoy, el PGOU de Alicante continúa en fase de evaluación ambiental en el marco de la que se examina y diagnostica el territorio que comprende el plan y sus potencialidades de uso», apunta la titular de Urbanismo. «La Generalitat -recalca en su respuesta Bonig- tiene la obligación de tramitar todos los expedientes y esta conselleria no puede dejar de ejercer sus competencias atendiendo que no concurre ninguna de las causas de suspensión del procedimiento». Así que el documento, por ahora, seguirá adelante a la espera de lo que ocurra con la instrucción. Cabe recordar que, una vez que Castedo y Alperi tramitaron su renuncia al acta de diputado, todo el sumario tiene que retornar a Alicante, donde se volverá a hacer cargo de la instrucción el magistrado Manrique Tejada.