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Chapapote Ortiz

La larga investigación de Brugal con el empresario como hilo conductor paraliza la ciudad de Alicante

Chapapote Ortiz

Como una enorme mancha de aceite que se extiende poco a poco pero inexorable y sin control, la investigacion de Brugal, con mil y un recoveco después de siete años de instrucción, ha terminado por condicionar a las principales instituciones de la provincia -con el Ayuntamiento de Alicante a la cabeza a raíz de la imputación de la alcaldesa Sonia Castedo y de su antecesor Luis Díaz Alperiimputación - e, incluso, de la Comunidad, monopolizar gran parte del debate político, poner bajo sospecha la gestión urbanística desarrollada durante la última década e, incluso, evidenciar los problemas que arrastra la justicia. Una tormenta perfecta con una investigación sustentada en horas y horas de escuchas -ya transcritas y a las que ahora se les pone voz con los audios de los protagonistas- que ha puesto sobre el tapete amistades peligrosas entre empresarios y políticos como eje de una supuesta red de influencias para intentar hacer negocios urbanísticos y lograr contratas públicas a cambio de dádivas, viajes, regalos... Un chapapote que ha terminado de contaminar casi por completo la vida pública en un momento, precisamente, de máximo descrédito y de desafección ciudadana hacia la clase política. Y todo ello con un mismo hilo conductor: el empresario Enrique Ortiz, la piedra angular sobre la que circula todo un sumario que arranca en 2007 con la contrata del servicio de basuras de Orihuela y la denuncia de Ángel Fenoll -un habitual del decorado judicial del PP- por un presunto soborno pero que ha acabado sumergiendo en el barro el planeamiento del urbanismo y también grandes adjudicaciones.

Criado en el barrio alicantino de Benalúa en una familia de cinco hermanos, Enrique Ortiz (1960) ha ido tejiendo con el tiempo una enorme red de contactos en el negocio de la construcción y de los servicios públicos -acumula tres de las cuatro principales contratas del Ayuntamiento de Alicante y las conversaciones, por ejemplo, desvelan sus movimientos para intentar sacar tajada con los parques eólicos o las residencias de ancianos- que le han permitido convertir la pequeña empresa familiar que heredó de su padre en un inmenso holding. Pero, desde luego, ese crecimiento empresarial viene marcado por una forma de entender la vida pública en busca de su beneficio personal y que, en estos momentos, le mantiene imputado en las dos tramas de corrupción que han supuesto un punto de inflexión en la escena política y que han marcado el inicio del declive del PP, con un poder hasta ahora casi absoluto en la Comunidad y en la provincia. En el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal de los populares valencianos. Y en la citada operación Brugal, sumario en el que el promotor está encausado, por un lado, con Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación y ahora en la Autoridad Portuaria, en el presunto arreglo del plan de basuras de la Vega Baja. Pero también junto a los mencionados Castedo y Alperi por el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante, una operación que a día de hoy está bajo sospecha junto a otros proyectos de expansión de la ciudad que tienen también a Ortiz entre bambalinas. Proyectos contaminados por el contenido de los pinchazos telefónicos como el plan Rabasa, una macrourbanización de 13.000 viviendas; o la llegada de Ikea. De las cintas se desprende que Enrique Ortiz habría pedido ayuda para aprobar el centro comercial y hasta le habría gestionado un avión a Alperi y Castedo para que volvieran de Portugal tras negociar con la firma, una operación que ya cuenta con el aval inicial de la Generalitat y que podría reportar al empresario beneficios multimillonarios.

Las escuchas de Brugal perfilan a un Enrique Ortiz dispuesto a repartir dádivas para intentar captar influencias y tratos de favor que le coloquen en mejor posición a la hora de conseguir negocios públicos. Desnudan a un personaje de ambición desmedida que regala los oídos a los dirigentes políticos con los que mantiene decenas de conversaciones -«eres la hostia» o «eres una máquina», piropea a Sonia Castedo o «mi amigo el alcalde» a Alperi- para tratar de llevárselos al huerto en grabaciones, muchas veces en tono fanfarrón, en las que Ortiz alardea -«soy la polla insaciable», se autoproclama- para enredar con unos y otros hasta trasladar la imagen de que mueve todos los hilos. De que está detrás de todo. Se comporta como una veleta que hoy sugiere una cosa, a la conversación siguiente la contraria pero que, en la práctica, juega con todos en su beneficio.

Esas grabaciones describen, por ejemplo, como unos días después del congreso provincial que el PP celebró en diciembre de 2008, Enrique Ortiz coquetea con la cúpula de Camps que intentaba derrocar a Joaquín Ripoll -vencedor por apenas cinco votos- mientras, por otro lado, engatusaba al entonces presidente de la Diputación para hacerse con el suculento negocio de las basuras en la Vega Baja. Ese lodazal, con origen en una larguísima instrucción judicial que se embarraba a medida que las escuchas revelaban indicios de otros delitos por corrupción, ha terminado por enfangar la escena pública y las principales instituciones. Si a un empresario con ese perfil, hambriento de amasar dinero y con un listado de contactos interminable se suman políticos que le dan cuerda y se dejan querer, el cóctel acaba siendo explosivo. Hasta el punto de que, en estos momentos y a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, casi todo está salpicado por Brugal. Y muchas decisiones -la inclusión de cargos políticos imputados en las listas del PP en 2015 como en el caso de Sonia Castedo- dependen de esa instrucción.

Todos los palos

El sumario toca casi todos los palos. Pero, desde luego, pone en solfa el Ayuntamiento de Alicante, una ciudad, a día de hoy, paralizada, que aborda las elecciones de 2015 después de un mandato perdido con el anterior alcalde -Alperi, hoy ya sin cargo público- y la actual primera edil -Castedo- imputados por el supuesto trato de favor a Ortiz en la citada tramitación del PGOU, cuyo redactor también está encausado. Una pieza cuya instrucción empezó en Alicante, se trasladó después al TSJ por la condición de diputados de los dos cargos políticos y que ahora, con la amenaza de dilatarse más, retorna a Alicante después de que ambos hayan dejado las Cortes y, con ello, la protección del aforamiento. Es difícil que esa investigación, en manos otra vez de Manrique Tejada, se cierre antes de las elecciones de 2015. Y con vistas a esa cita las conversaciones con Ortiz limitan a Castedo, estrella en alza en las filas del PP antes de que se fuera destapando su relación con el empresario. Hasta el punto de que, a día de hoy, su figura cotiza a la baja, desgastada por los efectos de Brugal, con declaraciones periódicas de altos cargos del PP -empezando por el propio Alberto Fabra- que dejan en el aire su continuidad ahogada en la famosa «línea roja» contra la corrupción y a expensas de la decisión que toma la cúpula popular sobre su futuro como candidata a la Alcaldía. Incluso, en un argumento que ella misma se ha encargado de alimentar en las últimas semanas, con la posibilidad de que acabe liderando una escisión al frente de unas siglas propias.escisión

Más tensión interna en el PP, justo ahora que los populares viven su peor momento desde que llegaron a la Generalitat en 1995. Los problemas, de hecho, también crecen dentro del PP con la situación de Juan Cotino, presidente de las Cortes, segunda autoridad de la Comunidad y cabeza visible del influyente sector cristiano popular. Cotino no se ha visto en otra igual: atrapado por unas conversaciones en las que Enrique Ortiz habla con un sobrino suyo sobre supuestos movimientos del titular del hemiciclo autonómico durante su etapa como conseller de Camps para beneficiar al empresario alicantino y, al tiempo, favorecer al holding de su familia. Pinta tan mal el decorado que el Consell -con Fabra y su nueva portavoz María José Catalá a la cabeza- le ha abierto la puerta para que dimita y el propio Cotino ha tenido que salir para negarse en redondo y atrincherarse. No se le ha visto tan contra las cuerdas ni siquiera con la investigación sobre el desvío de fondos a la trama Gürtel durante la visita del Papa a Valencia. Enrique Ortiz se movió también en departamentos de la administración autonómica, además del negocio de Bienestar Social, como Infraestructuras o Educación, decisiones de la Generalitat que también aparecen reflejadas en las miles de escuchas que están incluídas en el sumario.

Junto a las operaciones urbanísticas y a la caza de contratas públicas, la otra gran pata de Brugal es el maoliente negocio de las basuras. Una rama que afecta a la adjudicación de la contrata de recogida de residuos de Orihuela -el origen de todo este macroproceso- y que ha supuesto la imputación de varios ediles oriolanos del PP, entre ellos, la exalcaldesa y diputada Mónica Lorente. Y otra que viene condicionando la gestión de la Diputación con la adjudicación a Enrique Ortiz del plan de residuos de la Vega Baja. Una contrata aún sin resolver cuatro años después en medio, además, de una intensa bronca política cada vez que el asunto llega al Palacio Provincial, ocupado ahora por Luisa Pastor que, indirectamente, agrandó sus opciones de sentarse en el sillón de Presidencia una vez que la carrera política de Joaquín Ripoll -pendiente ahora a su vez de la evolución de la instrucción de Brugal para mantenerse en el Puerto- se vino abajo con el registro de la Diputación durante el verano de 2010.

Incluso los socialistas se han visto inmersos en un proceso que les desestabilizó en la Diputación, descabezados en 2010 con el relevo de su portavoz Antonio Amorós, también imputado. Y que les persigue en la ciudad de Alicante desde que, en su día y siendo Blas Bernal portavoz, votaron a favor del plan Rabasa en el Ayuntamiento de Alicante. Desde entonces no se han rehecho. La caída de Bernal llegó con una gestora que desembocó en la elección de Roque Moreno, que tuvo que dimitir al aparecer también en las escuchas pidiendo a Ortiz empleo para el hijo de un exconcejal. Una renuncia que supuso otra gestora con Ángel Luna al frente y la convocatoria de asamblea para designar a Gabriel Echávarri, actual secretario general del PSPV en Alicante. Una ejecutiva sustentada por los votos del exsenador Ángel Franco, que también figura en conversaciones con Enrique Ortiz. Hasta el Hércules, otro de los juguetes del empresario y un símbolo deportivo de Alicante, se ha visto envuelto en el proceso con sospechas de amaños, operaciones urbanísticas y denuncias sobre la gestión de su fundación.

Las idas y venidas del procedimiento, como en otras investigaciones por corrupción, evidencian los problemas de la Justicia. Media docena de magistrados -en el caso de Carlos Fabra, por comparar, fueron ocho- han pasado por el juzgado de Orihuela que inició las actuaciones y que sigue adelante, por ahora sin fecha para cerrarla, con la investigación de las basuras. Ese es uno de los motivos de que los pinchazos telefónicos se hayan alargado con un descontrol que ha provocado, sin ir más lejos, la petición de devolución del audio con las escuchas al incluir grabaciones ajenas al caso. Está por ver el efecto que esa situación puede tener -hace dos décadas el caso Naseiro fue anulado por las grabaciones- en un sumario que, y más allá de eso, refleja las prácticas de una etapa con un efecto directo en la gran crisis actual.

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