El presunto fraude fiscal del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha recaído en el mismo juzgado que va a tener que seguir investigando las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, según confirmaron ayer a este diario fuentes del Palacio de Justicia. Tras el extravío el jueves de una de las dos cajas que contenían las diligencias, la causa ya está completa en el Decanato de los juzgados, al haberse localizado, y ayer mismo salió a reparto entre los magistrados de Instrucción de la ciudad. En este reparto, realizado de manera aleatoria, la causa ha acabado recayendo en el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante, cuyo titular es el juez Manrique Tejada.

Tejada ya investigó las supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU y acabó remitiendo el caso hace dos años al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) al ver indicios de delito en la actuación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ya que ambos estaban aforados por su condición de diputados autonómicos. Una vez que estos han renunciado a su escaño en las Cortes, la causa deberá volver a Alicante para que continúe la instrucción en el mismo juzgado que la inició en su día.

Este mismo juez deberá asumir ahora también el caso del presunto fraude fiscal en el que están imputados Alperi y otros empresarios. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron que la labor del juez será de mero trámite, porque la instrucción judicial está prácticamente acabada y a falta de que algunas de las defensas presenten sus escritos de conclusiones provisionales. El siguiente trámite será enviar la causa a un juzgado de lo Penal para que se celebre juicio por estos hechos. La fecha del juicio es una incógnita ya que en estos momentos hay una demora de hasta un año para señalar.

Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria habían presentado ya sus escritos de acusación en el momento en el que se produjo la renuncia de Alperi, que se enfrenta a más de nueve años de prisión por tres delitos fiscales y uno de cohecho. Las acusaciones mantienen que Alperi dejó de pagar al fisco cerca de 700.000 euros en concepto de cuotas del IRPF de los años 2007, 2008 y 2010 además de atracar su catamarán en el puerto deportivo de Alicante sin pagar nada a cambio. Junto a Alperi, aparecen como acusados los empresarios Antonio Moreno, Antonio Solana y Javier Palacio, estos dos últimos también amigos del exregidor.