El Consell materializó ayer su amenaza y trasladó al Ministerio de Hacienda un plan financiero diametralmente opuesto al que le reclama el Gobierno central. La Generalitat no incluyó ni un solo ajuste y fijó un ingreso extraordinario de 1.000 millones... procedente de las arcas estatales. La rebelión de Alberto Fabra se produce apenas una semana después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerrara la puerta a mejorar la financiación autonómica a corto y medio plazo. «No vamos a promover una discusión del sistema de financiación que promueva más agravios y enfrentamientos entre las autonomías», proclamó el ministro tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves de la pasada semana.

Abortada esa posibilidad, y con la reivindicación de un mecanismo de nivelación prácticamente desbaratada también por Madrid, el Consell se ha visto obligado a decir basta. La remisión del plan financiero no sólo supone, en la práctica, una rebelión ante el Gobierno, sino que se convierte además en una desautorización en toda regla al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El número dos de Montoro en Hacienda visitó Valencia el pasado 17 de junio y lanzó un serio aviso a la Generalitat: «La Comunidad todavía tiene donde recortar y el conseller (de Hacienda, Juan Carlos Moragues) lo sabe».

Beteta pronunció esas palabras escasos minutos después de que el propio Moragues reclamara o bien un cambio en el actual sistema de reparto de fondos, o bien un mecanismo compensatorio para aquellas comunidades infrafinanciadas. Pero ni una cosa ni la otra. Montoro ya ha aplazado sine die la primera de esas peticiones, mientras que Beteta ha cerrado la puerta a la segunda. El Consell, sin embargo, insiste. «En este momento, nuestro eje social no admite más ajustes», sentenció ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, María José Catalá.

De ahí, el plan financiero remitido ayer. La explicación es sencilla. La Generalitat cerró el pasado año con un déficit del 2,33 % de su Producto Interior Bruto (PIB) y se desvió en más de siete décimas del objetivo fijado por el Gobierno (un 1,6 %). Para este ejercicio, la situación se complica. La Comunidad está obligada a despedir 2014 con un desfase presupuestario del 1 % y, por tanto, se ve obligada a realizar un ajuste de calado. En concreto, de cerca de 1.300 millones, que es justo la diferencia entre el 2,33% del déficit de 2013 y el 1 % de este año. Pero la Generalitat no está dispuesta a recortar más. «Hemos tocado hueso», ha repetido hasta la saciedad Moragues a lo largo de las últimas semanas. El Ministerio, sin embargo, aún ve margen. Este pasado jueves, de hecho, el Gobierno entregó al Consell un listado de áreas sociales en las que podía meter la tijera. El número dos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó, se desplazó a Madrid para participar en la primera reunión del grupo de trabajo sobre racionalización y eficiencia en el gasto en las comunidades, y se volvió a Valencia con deberes. No los hará. La Generalitat ha terminado remitiendo al Ministerio un plan sin ajustes y con la reclamación de 1.000 millones para poder cumplir con el déficit. Una de las dos partes tendrá que ceder. O el Gobierno, o la Generalitat. La batalla está servida.