La Generalitat Valenciana anunció ayer un plan de empleo similar al que aprobó este jueves la Diputación. El Ejecutivo autonómico prevé destinar durante los próximos meses un total de 3,5 millones de euros para que jóvenes menores de 30 años realicen prácticas en los distintos ayuntamientos de la Comunidad durante un periodo mínimo de seis meses y uno máximo de nueve. El conseller de Economía, Máximo Buch, fue el encargado de anunciar la medida a la conclusión del pleno del Ejecutivo.

Esta iniciativa, bautizada como «Programa Salario Joven», pretende cubrir los costes salariales derivados de la contratación de jóvenes para realizar labores municipales. «Los ayuntamientos han tenido que hacer ajustes de plantilla durante los últimos años y tienen trabajos auxiliares que desarrollar», apuntó el conseller. Y apostilló: «Este plan se hace para crear empleo y para prestar apoyo a los municipios en la prestación de servicios».

Esta idea no es nueva. Salvo sorpresa de última hora, la aplicará la propia Generalitat en la segunda edición del plan de empleo que anunció Fabra en 2012 y la pondrá en marcha también la Diputación de Alicante. Ambas administraciones, visto el fiasco de la iniciativa impulsada por el Consell para aligerar las listas del paro, han decidido darle un viraje. En la segunda edición del plan de empleo de Fabra ya no serán las empresas las que reciban fondos por contratar a parados, sino los ayuntamientos. La institución provincial, por su parte, acordó este jueves en su sesión plenaria impulsar un programa propio durante los próximos meses para dar trabajo a desempleados en diferentes consistorios de la provincia, justo antes de las elecciones.

Conflicto con Cataluña

Escasos minutos después de que Buch anunciara el nuevo plan de empleo joven, la portavoz del Consell, María José Catalá, informó que la Generalitat ha remitido una carta al Govern catalán en la que le exige «con determinación» respeto a su «Estatuto, lengua, cultura, identidad territorial y competencias», ante las «interferencias e intromisiones». La misiva está firmada por el vicepresidente, José Císcar.