Más presión sobre Juan Cotino. La portavoz de la Generalitat, María José Catalá, y la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, invitaron ayer de manera indirecta al presidente de las Cortes a dimitir de su cargo después de que las grabaciones del caso Brugal hayan revelado su influencia a la hora de adjudicar contratos a empresas de su familia. La Policía interceptó en 2009 una conversación telefónica entre el constructor Enrique Ortiz y el sobrino de Cotino, en el que el familiar del presidente de las Cortes lamentaba que su tío abandonara la Conselleria de Bienestar Social para hacerse cargo de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Ortiz telefoneó al entonces presidente de Sedesa para felicitarle por el cambio de su tío, pero éste no estaba precisamente alegre. «Coño, era... una... una consejería que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar», le dijo, tal y como figura en el sumario de la pieza del plan Rabasa, incluida dentro de Brugal.
Horas después de que se hiciera pública esta conversación, los tres partidos de la oposición salieron en tromba para exigir la dimisión de Cotino. Y ayer, durante su tradicional comparecencia de los viernes tras el pleno del Ejecutivo, la portavoz de la Generalitat dio su opinión. «Si yo me encontrara en esa situación, pondría mi cargo a disposición del presidente de la Generalitat», respondió Catalá al ser preguntada al respecto. Apenas dos horas después, instantes antes de presidir una comida con cargos públicos del PP en un conocido restaurante de El Campello, la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, parafraseó a su compañera. «Si lo ha dicho la portavoz, bien dicho está», afirmó en un primer momento. Pero, «¿qué opina usted?», se le preguntó. «Exactamente lo mismo que ha dicho la portavoz», zanjó.
Ambas, no obstante, quisieron recordar que Cotino no se encuentra imputado. Bonig, sin embargo, matizó: «Saben perfectamente cuál es la postura del PP y las medidas que se están tomando. Los políticos tenemos que ser útiles en estos momentos a los ciudadanos». Diputados autonómicos del partido daban ayer por hecho que Cotino no llegará a septiembre como presidente de las Cortes.
La nueva coordinadora general de los populares valencianos no se mordió la lengua. Preguntada también por la situación judicial de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -imputada en Brugal por el supuesto amaño del Plan General de la ciudad para favorecer a Ortiz-, echó balones fuera en un primer momento, aunque terminó lanzándole un serio aviso. «La señora Castedo sabe perfectamente que es alcaldesa porque se presentó bajo unas siglas, bajo un partido que es el PP», respondió, al ser preguntada por las declaraciones que realizó la primera edil durante las Hogueras. En concreto, Castedo afirmó: «¿Mi propio partido? Cada vez me lo dice más gente por la calle...». Esas declaraciones, realizadas en una entrevista con la Cadena Ser, han causado cierta sorpresa en el seno del partido. Aunque ningún dirigente lo reconoce en público, en privado sí que admiten su «perplejidad» por esas palabras de la primera edil. «Es un órdago sin demasiado sentido», sintetizó ayer un alto cargo popular.
Investigación judicial
Sea como fuere, las opciones de que Castedo repita como alcaldable del PP o no en las elecciones municipales de 2015 dependerán en exclusiva de su situación judicial. Si continúa imputada, no podrá presentarse bajo el paraguas popular. Si, por el contrario, su causa se resuelve de manera favorable antes de que el partido inicie el proceso para conformar las listas, será la candidata sin ninguna duda. Pero esta última alternativa se antoja sumamente complicada. En el propio PP, de hecho, están convencidos de que la pieza del Plan General seguirá tramitándose entonces. La investigación, tal y como ha venido informando este diario, volverá en breve a Alicante. El juez Manrique Tejada asumirá de nuevo las pesquisas después de que Castedo renunciara a su condición de diputada autonómica y, por tanto, dejara de ser aforada.
Al perder esa condición, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad se declaró no competente para continuar con el proceso y acordó derivarlo de nuevo a Alicante.
Bonig, pese a todo, prefirió aparcar ese debate. «Sobre el futuro político de la señora Castedo, nosotros ya lo hemos dicho. Ya hemos marcado nuestras líneas (las candidaturas estarán limpias de imputados). En el momento que corresponda se tomarán las decisiones. Ustedes saben perfectamente cuál es la opinión del presidente y del PPCV», apuntó.
