Las donaciones a los campamentos de Tinduf (Argelia) en los que se embarcó Enrique Ortiz a través del grupo Cívica no gustaron al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, quien reprochó al empresario que ayundando a la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui estaba ayudando «al enemigo» debido a las personas vinculadas a la misma, entre las que destacó al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

El Grupo Cívica firmó en junio de 2009 un convenio de cooperación con la Federación Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui para la construcción de un aulario de 500 metros cuadrados en la Escuela de Enfermería de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y que permitiría aumentar en 40 plazas la capacidad del centro para la formación de enfermeros y matronas.

Cívica aportó 70.000 euros para llevar a cabo el proyecto. El propio Ortiz, presidente de Cívica, aseguró públicamente que iría a «cortar la cinta del aulario», con el que pretendía, afirmó, aportar «un granito de arena al esfuerzo del pueblo saharaui». Tanto los responsables de la Delegación Saharaui de la Comunidad Valenciana como de la Federación, Mohamed el Mamu Ahmed y el ya fallecido Enrique Cerdán Tato, consideraron «ejemplar», según sus palabras públicas, «el gesto solidario de Ortiz», y tildaron el acto de «doble valor en tiempos de crisis». La República Saharaui Democrática (RASD) participó en el convenio y el centro de enfermería fue inaugurado en el verano de 2010 con la presencia del propio Enrique Ortiz.

Sin embargo, el exalcalde no dudó en reprochar al constructor que estaba ayudando «al enemigo» al estar detrás de la coordinadora saharaui el fiscal Felipe Briones, «quien va a por mi, a por ti y a por Sonia», manifestó Alperi, según recoge la conversación citada a la que ha tenido acceso este diario, cuyo audio fue difundido ayer por la cadena SER de Alicante.

Las escuchas sobre Rabasa también recogen un pasaje en el que Ortiz pide a un responsable de Marina Deportiva que una sociedad que no sea Marina le facture a Tizor (otra empresa de Ortiz dedicada a asfaltados) para que se pueda desgravar 20.000 euros de gasóleo que se le han puesto al yate Elena, propiedad de Ortiz y amarrado en el puerto de Alicante. «Que la hagan a nombre de Tizor como si fuera la planta y que facture otra sociedad para que no cante», decía el constructor.

Comerciantes

El Colectivo de Comerciantes por Alicante señaló ayer en un comunicado que la alcaldesa Sonia Castedo «intentó maniobras para anular o ningunear a los colectivos contrarios a sus proyectos» como Ikea, en referencia a las conversaciones del caso Brugal referentes al Plan Rabasa que revelan que Castedo quería sacar a Pedro de Gea del colectivo de comerciantes con un puesto en el Hércules para echarlo al poco tiempo del club. Los comerciantes emitieron un comunicado de apoyo a De Gea y manifestaron su «desprecio profundo» ante este hecho recogido en las conversaciones.