Tanto Catalá como Bonig defienden a capa y espada la polémica línea roja que ha impuesto Alberto Fabra con los dirigentes implicados en casos de corrupción. «El presidente Fabra ha escuchado a los ciudadanos de la calle que pedían tolerancia cero. Estar imputado no es estar condenado, es poder defender tu inocencia. En este país se ha vinculado imputación y condena y eso es injusto. Muchos imputados son absueltos, pero es verdad que la sociedad tiene especial sensibilidad con la posibilidad de la corrupción en la gestión de fondos públicos y esa sensibilidad se debía traducir en una tolerancia cero. Y es lo que ha hecho Fabra. Ha sido valiente y ha sufrido mucho. A todos nos ha dolido lo que ha ocurrido a determinadas personas, pero, más allá de las personas, está el proyecto. Y para defender la honorabilidad del proyecto eran necesarias las líneas rojas», sostiene Catalá.
Bonig añade: «Había que tomar medidas que han sido muy duras para todos y para el presidente y que muchas veces han llevado a injusticias. Abogo por una reforma. Es necesario una reforma legal para que no se vea el imputado como a un condenado o acusado. Muchas de estas imputaciones son administrativas».
La portavoz del Consell ha dado incluso un paso más allá y ha cargado duramente contra los condenados por corrupción. «Nos repugnan los casos de corrupción y los que ocurren en nuestro partido, en particular, nos provocan rabia. Trabajamos muy duro y es injusto que nos metan en el mismo saco. Hay políticos honrados en todos los lugares y aquellos que del PP se ha demostrado que han gestionado de manera irregular los fondos públicos, me provocan repugnancia porque destrozan el trabajo diario de quienes intentamos trabajar de forma honrada».
La titular de Infraestructuras, por su parte, critica la doble vara de medir de la oposición: «El presidente ha tomado medidas, pero ¿y la izquierda? El señor Orengo está imputado y sale Ximo Puig y dice que es una cuestión administrativa. Si quiere luchar contra la corrupción, también tiene que tomar medidas. Oltra estuvo sentada en un banquillo, además por un tema grave de desobediencia, y después no se le condenó, fue absuelta. Los adalides de la transparencia también se deberían aplicar el cuento, porque si lo de Mònica Oltra le pasa a María José Català o a mí; o si nos pillan en un control de alcoholemia y damos positivo, no solo tenemos que dejar nuestros cargos orgánicos, también los públicos».
