Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que las facturas que emitía Orange Market -filial autonómica de la trama corrupta- a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda de la sede regional del PP. Estos inspectores ratificaron de esta manera sus informes finales ante el magistrado, en las piezas que investigan la supuesta financiación irregular de los populares en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, y en las generales que se celebraron un año más tarde. Los peritos explicaron, a preguntas fundamentalmente del Ministerio Fiscal, que las facturas que emitía Orange Market a diferentes empresas relacionadas con la construcción eran «falsas». Los inspectores justificaron ante el juez esta falsedad o bien en el concepto que se indicaba, o en el cliente -empresa- al que iba dirigido. Algunas de estas mercantiles que se investigan en la causa son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz, Sedesa y Hormigones Martínez.

Así, los técnicos ratifican que los importes de las facturas sí eran verdaderos puesto que, de hecho, la firma que dirigía Álvaro Pérez, más conocido como «El Bigotes», sí abonaba con posterioridad sus correspondientes impuestos, tal y como han declarado. De esta forma, entienden que cada factura falsa que emitía Orange Market servía para aminorar la deuda del PPCV por trabajos que le contrató en los años 2007 y 2008, la mayoría de ellos relacionados con las campañas electorales.

Asimismo, los técnicos detallaron ante el magistrado que, según la diferente documentación a la que han tenido acceso, el PP colaboró con el fraude, ya que dejó de abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y no incluyó en su contabilidad ni las donaciones ni gastos en sus campañas electorales. Los inspectores de la Agencia Tributaria, no obstante, apuntan que ningún cargo público popular llegó a beneficiarse de ese dinero. En su declaración ante el TSJ señalaron que no se puede constatar un desvío de fondos a ningún dirigente en concreto.

Los informes periciales recogen que Orange Market cobró a la Generalitat Valenciana, cuando estaba dirigida por Francisco Camps, un total de 5,7 millones de euros entre 2007 y 2008, y la mayoría del dinero fue abonado de forma opaca. Así, exponen que esta mercantil tan solo facturó al PP 1,2 millones en este mismo periodo y el resto fue pagado o bien mediante pagos en B o con facturas falsas emitidas a terceros. En concreto, el TSJ investiga dos piezas relacionadas con irregularidades en la financiación del PP.

La primera de ellas indaga un supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Se investiga si las deudas del PP con Orange Market, que organizó diferentes actos de campaña para los populares, fueron saldadas por otras empresas. En esta pieza figuran como imputados los diputados autonómicos Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, entre otros. Formaban en aquel momento la cúpula del PP y controlaban las finanzas de los populares.Otra de las piezas investiga el presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de la formación durante las generales de 2008. En ella figuran como imputados la cúpula de Gürtel y esos mismos diputados, entre otros.