La Audiencia Provincial todavía no se ha pronunciado sobre la validez de las escuchas telefónicas en las investigaciones sobre las supuestas irregularidades del Plan Rabasa. Éste es el argumento que ha empleado el abogado defensor de Isabel Campos, actual jefa de los servicios jurídicos del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante y denunciada por Esquerra Unida en la querella, para emplazar a la sala a que se pronuncie sobre el fondo de las escuchas. Aunque la Sección Tercera de la Audiencia rechazó el pasado mayo el último intento de las defensas para invalidar los pinchazos al considerar que ésta es una cuestión ya resuelta, el abogado Joaquín Galant ha presentado un incidente de nulidad ante la sala, al entender que el asunto no está cerrado y que ninguna sección penal se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto. El letrado considera que «se ha ido aparcando esa decisión de un procedimiento a otro, para no sabemos qué juicio oral». Galant afirma que la Audiencia está cayendo con esta actitud en una «incongruencia palmaria».

Tanto la Audiencia de Alicante como el Tribunal Superior de Justicia han venido rechazando los recursos de las defensas para pedir la nulidad de las escuchas en cada una de las piezas separadas del llamado caso Brugal, al considerar que el momento en el que se tendrá que resolver esta cuestión será en el momento del juicio. El letrado recuerda que Isabel Campos no ha estado imputada en ninguna de las causas de Brugal y por tanto desconoce lo que otras secciones han acordado sobre el caso. Según el letrado, la funcionaria carecía de poder decisorio en la tramitación del plan Rabasa y su papel ha sido el de informar al urbanizador sobre la tramitación del plan.

Las presuntas irregularidades del Plan Rabasa de Alicante fueron una de las primeras piezas separadas que se desgajaron del llamado caso Brugal, una macroinvestigación que comenzó indagando sobre presuntos sobornos en la adjudicación de la contrata de basuras en Orihuela y de la que acabaron saliendo una veintena de piezas diferentes. En el caso de Rabasa, en abril de 2008 el juzgado número tres de Orihuela se inhibió a favor de otro de Alicante para que investigara el caso al desprenderse de las escuchas de Brugal hallazgos casuales que apuntaban a la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico. Al recibir la causa, el juzgado de Instrucción seis de Alicante acordó no autorizar las escuchas solicitadas, concretamente al del teléfono del empresario Enrique Ortiz, y archivó las diligencias al no ver indicios de delito.

El abogado Joaquín Galant considera que en el marco de las investigaciones del caso Brugal en Orihuela, el teléfono de Ortiz siguió intervenido y la Policía continuó informando en sus investigaciones sobre los hechos relativos al Plan Rabasa. «La Policía, el ministerio fiscal y el juez de Instrucción tienen palmario conocimiento de que en su poder hay unas grabaciones de conversaciones telefónicas conseguidas subrepticiamente, obtenidas bajo la autorización de un juzgado sin competencia para ello, que tienen que remitir a Alicante», argumenta el abogado. «La única solución viable era enviarlas de nuevo al turno del decanato, acompañando a las grabaciones de Rabasa algún detalle sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o cualquier otro», concluye Galant. Las escuchas telefónicas en el caso del PGOU que afectaban al Plan Rabasa sirvieron a Esquerra Unida para pedir que se reabrieran las diligencias en octubre de 2012.

Galant ha solicitado que se investigue si la Fiscalía o la Policía comunicaron al juzgado de Orihuela la decisión que adoptó en su día el magistrado de Alicante de archivar las diligencias y en caso de que fuera así, indagar cuál fue la razón de autorizar otra vez las grabaciones que afectaban a Rabasa. Por ello, considera que las escuchas han conculcado los derechos fundamentales de las funcionaria a la que representa, como su derecho a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones.

El origen de este asunto está en una denuncia de EU por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la que pide la imputación, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor Luis Díaz Alperi, así como la de Ortiz, la del exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y la de la jefa del servicio jurídico-administrativo de este departamento, Isabel Campos. También se denuncia al exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administración central cuando gobernaba el PSOE, y a la entonces secretaria autonómica de Urbanismo, María Ángeles Ureña. De momento, el juez no ha hecho imputación alguna y la causa está pendiente de arrancar todavía.