La Fiscalía provincial archivó ayer la denuncia que el concejal de Alicante por el PP Juan Zaragoza llevó contra la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, por un presunto delito de prevaricación al dar, hace ocho años, una licencia a un club de alterne de El Rebolledo, el primer local de estas características con un permiso municipal acorde a la actividad que desarrolla en su interior.
Tras el estudio de la documentación que hace unos meses aportó el edil, quien aseguró que actuaba en nombre de un tercero cuya identidad no ha trascendido, el Ministerio Público ha concluido que no ve indicios de delito en la concesión del permiso pese a que el Ayuntamiento no tuviera entonces, ni tenga aún, regulada esta actividad. «El hecho no era delito antes ni lo es ahora», precisaron fuentes cercanas al caso al tiempo que destacaron que, como mucho, se podría hablar de una irregularidad administrativa «y no todas las irregularidades de este tipo son prevaricaciones». Nadie, desde la concesión de permiso, lo había cuestionado hasta ahora, otro de los datos que también ha pesado a la hora de tomar la decisión de archivar un asunto que ni tan siquiera hecho falta abrirlo a la vista de las pruebas aportadas.
La Fiscalía ha tenido en cuenta asimismo los informes técnicos presentados por el propio Zaragoza en los que se avala la luz verde a una licencia que, en vez de recurrir a eufemismos del estilo de «pensión con jacuzzi» o «sala de fiestas con alojamiento temporal», se optó por concederla como «club de alterne con servicio de cafetería, cocina y ambiente musical», su actividad real.
El visto bueno municipal, que firmó Castedo en octubre de 2006 como concejala de Urbanismo, se produjo después de que desde el Ayuntamiento, ante la falta de regulación, se pidiera asesoramiento a la Conselleria de Justicia y ésta optara por el «silencio administrativo» como respuesta.
La Fiscalía entiende que el Consistorio era la institución que tenía que dar el permiso, como así se hizo, llama la atención sobre el hecho de que nadie haya objetado en estos años y cita otras autonomías donde ya se ha regulado la actividad de los clubes de alterne.
Tampoco ha considerado el acusador público que haya que investigar a la alcaldesa por un presunto delito de soborno, apuntado también por su compañero de grupo en su comparecencia en la Fiscalía. Ni rastro de pruebas de que la regidora hubiera percibido alguna compensación a cambio de la dar la licencia ha encontrado el fiscal. Un supuesto delito que, teniendo en cuenta que estos hechos se produjeron hace ocho años, ya estaría prescrito y, por lo tanto, exento de responsabilidad penal.
La Fiscalía ha notificado el archivo a Zaragoza, que fue quien aseguró que sólo se ocupó de trasladar la denuncia de otra persona para cumplir con su deber ciudadano.
