Tal y como estaba previsto, aunque la resolución no se hiciera pública hasta ayer, la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad contra el exalcalde de la ciudad y exdiputado Luis Díaz Alperi así como contra otros tres empresarios por otros tantos delitos fiscales y uno de cohecho está a las puertas de ser enviada a Alicante. Un hecho que sólo podría modificarse si alguna de las partes personadas recurriera al Tribunal Supremo la decisión del TSJ de declararse incompetente para seguir instruyendo este asunto e inhibirse a favor de los juzgados de Alicante. La posibilidad se antoja remota habida cuenta de tanto las acusaciones (Fiscalía y Abogacía del Estado) como tres de los cuatro acusados (no consta que lo haya hecho el expresidente del Alicante Antonio Solana en ningún sentido) se han pronunciado a favor del traslado a este partido judicial.
El órgano autonómico considera que se ha producido una «pérdida sobrevenida de la competencia» después de que el único aforado en este procedimiento, Díaz Alperi, renunciara a hace unos meses a su escaño en las Cortes. Con la pérdida del aforamiento un tribunal presidido por la también presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y por los magistrados Juan Francisco Ceres y Pía Calderón, ha resuelto que la causa se envíe a Alicante para que finalice su tramitación en un juzgado de Instrucción (una vez presentados los escritos de las acusaciones, lo que se hizo en el TSJ, faltan los de las defensas) y se traslade para el señalamiento de la vista a uno de lo Penal, en los que por el volumen de trabajo no se podrá celebrar el juicio antes como mínimo de año y medio.
El magistrado del TSJ Antonio Ferrer, instructor de este procedimiento, acordó la apertura de juicio oral contra Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho, delitos por el que la Fiscalía pide más de nueve años de prisión. Junto a él aparecen como acusados los empresarios Antonio Moreno, Solana y Javier Palacio, estos dos últimos también amigos del exregidor.
El Ministerio Público y la Agencia Tributaria mantienen que Alperi dejó de pagar al fisco cerca de 700.000 euros en concepto de cuotas del IRPF de los años 2007, 2008 y 2010 además de atracar su catamarán en el puerto deportivo de Alicante sin pagar nada a cambio.
La Sala no ha tenido duda alguna en que, dado el momento procesal en el que se encontraba el procedimiento, era factible su traslado a Alicante. En el caso de una de las piezas del Gürtel, donde la también dimisión como diputadas de las acusadas Angélica Such y Milagrosa Martínez situó el asunto en idéntico dilema respecto a la competencia, será el Supremo el que decida después de que la Fiscalía Anticorrupción, entre otros, haya recurrido contra la inhibición del TSJ a favor de la Audiencia de Valencia.
