La elección de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, como nueva secretaria general del PP puede acabar metiendo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en otro embrollo. La designación de Bonig, pactada con los barones provinciales y aún pendiente de ratificación por el máximo órgano popular, no se ajusta a la normativa interna y, como admitieron dirigentes del PP, estaría en riesgo de poder ser impugnada. En pleno debate sobre la apertura de la política a los ciudadanos, la elección de los dirigentes políticos por sufragio universal de la militancia o de implantar los procesos de primarias para elegir a los candidatos, la cúpula popular vuelve a ofrecer, sin embargo, la imagen de una negociación desarrollada en cuarto oscuro y que acaba con un «dedazo» que, además, vulnera por completo los Estatutos del PP.
La normativa interna de los populares, de acuerdo con los documentos aprobados en el congreso nacional de Sevilla y en el regional de Alicante, obliga a la elección del secretario general -el número dos del escalafón popular- de entre los 22 vocales del comité ejecutivo ratificados directamente por los compromisarios del cónclave. En la nómina surgida del congreso autonómico celebrado hace dos años en el Auditorio de la Diputación, Fabra colocó como cabeza de lista a Serafín Castellano con el objetivo, como así fue, de que ocupara la secretaría general. Purgado ahora el también conseller de Gobernación de su puesto en la cúpula del PP por orden de Génova tras el descalabro de las elecciones europeas, el titular del Consell tendría que recurrir, por tanto, a uno de los otros 21 miembros de la lista para poder cumplir con la norma. Con la elección de Bonig, sin embargo, rehusa a ajustarse a los Estatutos del PP y abre la puerta a que se produzca una impugnación. «Si alguien presenta un contencioso, lo gana seguro», reconoció un veterano dirigente popular.
Esa lista de cargos elegidos por el congreso regional, al margen de Castellano y de entre los que debía salir el secretario general del PP, está formada -como se puede consultar en el cuadro anexo- en su inmensa mayoría por alcaldes, diputados provinciales y cargos locales. La cara más conocida es la diputada Andrea Fabra, hija del condenado Carlos Fabra y autora del «¡Que se jodan!» que lanzó en el Congreso cuando desde la tribuna de oradores se hablaba de los parados. Está claro que el jefe del Consell necesitaba una figura con más peso político para el relevo de Castellano. Su debilidad interna tras el fiasco electoral y la necesidad de sortear los problemas jurídicos, le obligó a pactar los relevos con los tres barones territoriales -José Císcar, Alfonso Rus y Javier Moliner- y también con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Isabel Bonig refuerza aún más el poder de Castellón en el núcleo directivo -tres de los cuatro cargos principales son de esa provincia- y le otorga un papel principal a una de las referentes del ala ubicada más a la derecha dentro del PP. En todo caso, como apuntaron varios dirigentes, recibe un caramelo envenenado que puede acabar llevándo a Bonig al precipicio en el supuesto de un mal resultado electoral cuando es, sin duda, unvalor en alza en el PP y una de las dirigentes populares de la Comunidad con mejor cartel en la calle Génova. Fabra intentará evitar el embrollo jurídico nombrando a Bonig vocal del comité ejecutivo por designación directa dentro del cupo que corresponde al presidente regional. Pero, desde luego, el «parche» no se ajusta tampoco a los Estatutos del PP.
Los defensores de la «vía Bonig» aseguran que en las filas de los populares valencianos ya existen antecendentes de la decisión cuando, en su día, Ricardo Costa sustituyó a Adela Pedrosa en la secretaría general del PP. Los que ponen en cuestión la legalidad de la decisión tomada por Fabra, por contra, alertan que el último precedente, sin embargo, alimenta las dudas sobre la legalidad de la elección de la consellera. Cuando Ricardo Costa fue destituído por los efectos de la red Gürtel, Francisco Camps lo sustituyó por Antonio Clemente, que sí figuraba en esa lista elegida por el congreso regional. A un año vista de las elecciones autonómicas y municipales y en la época en la que los ciudadanos piden más transparencia, Fabra prepara un organigrama al margen de la legalidad del PP.
