El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, afirmó ayer en Palma ante el juez José Castro que si la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que él preside, contrató al Instituto Nóos para organizar tres foros sobre eventos deportivos fue solo porque esa entidad estaba presidida por Iñaki Urdangarin. De hecho, inicialmente estaba previsto que se celebrasen cuatro cumbres Valencia Summit de 2004 a 2007, pero sólo se llevaron a cabo las tres primeras porque en el último año ya no iba a participar el duque de Palma, explicó.
Tras tomar declaración a Grau, el último imputado en el caso Nóos, el juez Castro expresó su deseo de cerrar pronto la instrucción de la causa y aseguró que es «uno de los más interesados» en que la investigación no se alargue más. Preguntado sobre si confía en dictar cuanto antes el auto de pase a procedimiento abreviado, donde definirá quiénes son presuntamente responsables de los presuntos delitos de corrupción investigados, Castro afirmó: «Es lo que quiero». «No me dejan», ha ironizó a continuación el magistrado, en alusión a la demora que supondrá la presentación de un nuevo recurso por parte del sindicato Manos Limpias, que insiste en reclamar que se realice una prueba caligráfica para confirmar si la firma de la infanta Cristina figura en actas de la empresa Aizoon, que compartía con su marido.
En su declaración de ayer, el vicealcalde de Valencia remarcó que la fundación que preside es una entidad privada que no está sujeta a los controles de contratación de las administraciones públicas y señaló que se sumó a un proyecto que había pactado con Nóos el entonces secretario autonómico de Eventos, Luis Lobón, a través de la empresa gestora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
El vicealcalde aseguró que fue Lobón quien pactó el coste de los Valencia Summit con Diego Torres, el socio de Urdangarin, y que todos los intervinientes en los convenios eran plenamente conscientes de que el yerno del Rey era uno de los promotores de las cumbres y por eso las organizaron. El edil dijo además al magistrado que la fundación intervino en la contratación porque mantenía un acuerdo de colaboración con la Ciudad de las Artes.
