La nueva portavoz de la Generalitat, María José Catalá, habló largo y tendido ayer de la condena a Rafael Blasco. Durante su estreno en el cargo, la también consellera de Educación repitió el discurso que ha venido reiterando Alberto Fabra durante los últimos meses y proclamó la tolerancia cero contra la corrupción de su Ejecutivo. «En la Generalitat no vamos a tolerar las conductas inadecuadas», sentenció tras ser cuestionada por el caso Blasco. El exconseller de Solidaridad ha sido condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por orquestar, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el desvío de fondos de un proyecto de cooperación en Nicaragua. «Vamos a seguir trabajando muy duro para que estas situaciones no se repitan», señaló la portavoz al ser preguntada por los mecanismos que piensa arbitrar el Consell para evitar nuevos casos de corrupción en el seno del gobierno.

A diferencia de lo que ocurrió este pasado jueves en la sesión de control al presidente en las Cortes, Catalá sí abrió la puerta ayer a que el dinero que se pueda recuperar se destine a proyectos de cooperación. Durante el pleno de la Cámara, sin embargo, el hasta ayer portavoz del Ejecutivo, José Císcar, dio a entender que si se consigue recuperar parte de los fondos saqueados, no se destinarán a proyectos solidarios. Se limitó a apuntar que el Consell «es sensible a las políticas de cooperación» y añadió que «siempre que se pueda iremos incrementando las ayudas». Ayer, Catalá matizó esas palabras y dijo que la Generalitat apuesta por «recuperar la cantidad indebidamente sustraída» y destinarla «o bien a lo que tenía que ir destinada, que es la postura mayoritaria y más acertada, o a aquellas situaciones de emergencia social que consideremos prioritarias en el momento adecuado».

Tal y como ha insistido Císcar una y otra vez durante sus comparecencias tras el pleno, Catalá también defendió las líneas rojas de Fabra contra la corrupción y recordó que el acta de diputado autonómico «es personal». No obstante, advirtió de que cuando sean procesados, los parlamentarios tendrán que renunciar a su escaño.