Lola Jonhson dimite imputada por la quiebra de RTVV y abre una crisis en el PP

A apenas 48 horas de votar en unas elecciones europeas que Fabra ha convertido en unas «primarias» para medir sus fuerzas e intentar asegurarse la candidatura del PP en los comicios de 2015, un juzgado de Paterna admitió a trámite una denuncia de los diputados de Compromís por los supuestos delitos de malversación, administración desleal y apropiación indebida que obligará a desfilar ante el magistrado a la propia Johnson -repescada por Fabra hace ahora apenas medio año para dar un golpe de timón a la comunicación del Consell- y a otros cuatro exdirectivos del ente, entre los que se encuentran también Nuria Romeral, secretaria de Comunicación con Francisco Camps, y José López Jaraba, exdirector de Canal 9. «Me voy para no perjudicar la imagen del Consell», se justificó Lola Johnson en el comunicado en el que anunció su salida de Presidencia obligada por el propio Fabra y víctima del desastre en la gestión del PP en RTVV.

La decisión judicial de investigar la quiebra de Canal 9 -junto a los tres cargos mencionados también están citados como imputados Lluís Motes y Luis Redondo- no sólo puso en jaque el cierre de la campaña del PP sino que, además, disparó todas las alarmas en la sala de mando popular. Cuando sólo restan dos días para la jornada de votación, la dimisión de Johnson tiene un impacto directo sobre el mensaje final de una contienda en la que Fabra se ha empleado a fondo con agendas de, incluso, media docena de actos diarios. Pero también sobre la propia estrategia de Presidencia, que hace seis meses intentó dar un vuelco a toda su imagen con la vuelta de Lola Johnson, que en su día ya había ejercido como portavoz del Consell y que fue directiva de Canal 9 en la época de mayor manipulación informativa en la cadena. Desde su rehabilitación, era una de las principales colaboradoras de Fabra y uno de los dos pilares del equipo más próximo al titular de la Generalitat junto a Esther Pastor. Aunque no tuviera cartera, Johnson actuaba, de facto, con el poder de una consellera más del Ejecutivo. «Tenemos un problema grave», admitieron varios cargos del PP.

Los parlamentarios de Compromís en las Cortes, autores de la denuncia, se guardaron la «bomba» para la traca final de la campaña electoral. Lanzaron la noticia a primera hora y luego comparecieron en las Cortes para repartir la resolución que cita a los cinco exaltos cargos a declarar los días 8 y 9 de julio. El hilo conductor de la querella es la mala gestión que generó un lastre de 1.300 millones en la empresa pública y que, finalmente, desembocó en su cierre en noviembre de 2013 por orden de Fabra. De acuerdo con la denuncia, que se refiere a la gestión del periodo 2010-2013 aunque también alude a acontecimientos de la última década, el «agujero» económico se generó por los «excesos» presupuestarios de cada ejercicio a raiz de contrataciones supuestamente irregulares o injustificadas.

La gestión anual arrojaba un déficit con pérdidas -algún ejercicio de hasta más de 200 millones- que se cubrían con una ampliación de capital en la que sólo participaba el Consell que, al final, asumía la carga completa de esa deuda hasta llegar a esos 1.300 millones.

Las contrataciones de RTVV «fuera de presupuesto» eran reiteradas y, especialmente significativas, relata la denuncia, en 2006, año de la visita del Papa a Valencia, cuya organización por parte de Canal 9 también está siendo investigada en el marco de la trama Gürtel. Compromís quiere indagar sobre los beneficiarios de esas adjudicaciones y, en el caso de que nieguen su responsabilidad en la toma de decisiones, le trasladen al juez quién les ordenó que contrataran con una u otra empresa o productora televisiva. En último extremo, la denuncia reclama que los responsables acaben pagando el «agujero» con su patrimonio personal. Es la primera reclamación de estas características que se admite a trámite en España conforme a la teoría de la «deuda ilegítima» contraída por la administración pero que debe saldarla el político que cometa negligencia en la gestión.

El papel de Twitter

Poco después de las dos de la tarde y a través de su perfil en la red social Twitter, el TSJ confirmaba la citación de los cinco exdirectivos como imputados y, a partir de ese momento, desde todas las instancias del PP se empezó a dar por hecho que la dimisión de Lola Johnson era cuestión de tiempo una vez que finalizara un acto de campaña que, en ese momento, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, protagonizaba en la provincia de Castellón. Johnson, como subrayaron dirigentes del PP, cumplía con todos los requisitos de la «línea roja» contra la corrupción: era un cargo público cuya continuidad, a diferencia de los diputados autonómicos o de los alcaldes, dependía directamente de un decreto de Fabra; y tenía, además, un puesto en la dirección popular, que el líder del PP «limpió» de imputados en el último congreso. Así que el presidente de la Generalitat dejó caer a la que medio año antes era su gran apuesta para sacar la política comunicativa del Consell del atolladero y, además, se desvinculó por completo del caos de RTVV.

La decisión estaba tomada y sólo faltaba vestirla. Al filo de las seis de la tarde, un comunicado oficial confirmaba lo que ya era un secreto a voces en las filas del PP: la dimisión de Lola Johnson, la única de los cinco imputados hasta ahora en este proceso que conserva un puesto en la administración pública. En la nota, la exdirigente se muestra dispuesta a colaborar con la investigación judicial y asegura que todas las actuaciones a lo largo de su vida profesional se han ajustado a «la legalidad y a la defensa del interés general». Toma la decisión de marcharse, dice la ya exalto cargo, «para no perjudicar la imagen del Consell y para que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia».

El efecto de ese movimiento puso en guardia a todo el PP a sabiendas de que el cierre de campaña estará marcado por esta situación que les devuelve al fango de los juzgados. El vicepresidente José Císcar comparece hoy tras el pleno del Consell sabiendo que Lola Johnson y la actualidad judicial del PP serán el «tema estrella». La mayoría de dirigentes populares son conscientes de que, marcada la línea, a Fabra no le quedaba otra que tomar esta decisión drástica en un momento inoportuno de este primer «round» electoral de cara a 2015 pero también advirtieron de que reaccionar así a una denuncia de parte -en este caso de Compromís- puede abrir una espita. «Se puede ahogar con su propia línea», alertaron.

IMPUTADOS

Lola johnson. Llegó a Canal 9 en 2003 como subdirectora. Posteriormente, sin embargo, a partir de 2004 pasó al mando de Notícies 9. Entre 2009 y 2011 asumió la dirección antes de que Camps la hiciera consellera. Actualmente era la secretaria de Comunicación.

Nuria Romeral. Tras pasar por el departamento de Prensa de varias consellerias, Camps la fichó como secretaria autonómica de Comunicación. Al poco tiempo de llegada de Fabra al Consell en 2011, Romeral pasó del Palau de la Generalitat a dirigir la radio autonómica.

José López Jaraba. Fue director general de Ràdio Televisió Valenciana entre 2009 y 2012, cargo al que accedió después de haber dirigido el canal de noticias 24 horas. Fue uno de los dirigentes de la cadenas más polémicos y que más se enfrentó a la oposición.

LLuís Motes. Era uno de los periodistas que ocupó cargos al frente de tareas informativas durante la última década con el PP en la Generalitat. Ha sido directivo en diferentes etapas tanto de Canal 9 como de Ràdio 9, periodo al que se refiere la denuncia.

Luis Redondo. Pasó de técnico a dirigir Canal 9. Persona de la absoluta confianza de Lola Johnson, a partir de 2011, cuando llegó al ente desde Intereconomía Fernando Quintela para perfilar el primer ERE, se encarcó en gran medida de controlar la gestión económica.