Contentos porque se reactive la investigación sobre las supuestas irregularidades en la tramitación de plan Rabasa denunciadas por EU después de que la Audiencia Provincial haya rechazado el recurso presentado por el empresario Enrique Ortiz, al que se sumarios otros denunciados, en el que se pedía la nulidad de la intervenciones telefónicas. Así es como se encuentran tanto el portavoz de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, como la diputada Esther López. Ambos están convencidos de que la investigación sobre el macroplan bien puede acarrearles una nueva imputación tanto a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, como su antecesor Luis Díaz Alperi. EU adelanta que pedirá que la causa del PGOU sea devuelta a Alicante, «de donde nunca debió salir», al perder el Tribunal Superior la competencia tras dejar Castedo y Alperi su escaño en las Cortes y perder el aforamiento.
