El pleno de Les Corts ha rechazado hoy, con los votos en contra del PP, requerir a la Sindicatura de Cuentas para que realice una auditoría y un informe de fiscalización sobre los contratos formalizados por el sector público valenciano con las empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2011.

El objetivo de la iniciativa, presentada por el PSPV y apoyada por el resto de la oposición, era determinar "si se han cumplido o vulnerado las normas de contratación pública, si reúnen las formalidades imprescindibles para cumplir con la legalidad vigente, y si se ha producido quebranto a la hacienda pública valenciana".

El PP ha rechazado pedir esta auditoría porque, según ha destacado el diputado Rubén Ibáñez, la Sindicatura de Comptes "ya lo ha hecho" y ha lamentado que el único proyecto electoral de los socialistas "se llame Gürtel".

La socialista Ana Barceló ha asegurado que el PP "tiene problemas con su campaña electoral porque no tienen a Gürtel", algo en lo que han coincidido Compromís y EU, y ha abogado por "eliminar las sospechas instaladas en la sociedad" y, a su juicio, justificadas por "el alto número" de casos de corrupción investigados.

Ibáñez ha denunciado que los socialista traen esta iniciativa para "ensuciar la vida pública y política" y volver "al barro político" porque solo tienen "visión de pasado", y les ha acusado de no creer tampoco en la "independencia" de la Sindicatura, pues tiene "libertad para auditar lo que crea conveniente".

Por otra parte, el pleno ha aprobado, solo con los votos del PP, una iniciativa de este grupo que rechaza la "injerencia y falta de respeto" del Parlamento de Cataluña por aprobar en su debate de Política General del pasado otoño una resolución que reconoce los "Països Catalans".

El texto, contra el que ha votado toda la oposición, manifiesta que los "Països Catalans no existen y la Comunitat Valenciana no ha formado parte nunca de ningún País Catalán", y rechaza cualquier iniciativa dirigida a "la autodeterminación" de la Comunitat, "como plantean algunos partidos políticos".

El PP ha justificado este pronunciamiento en que la Comunitat "puede acabar salpicada por los vómitos del nacionalismo irracional por culpa de las pesadillas de algunos", mientras que la oposición ha tachado este debate de "ridículo", propio de las "obsesiones pancatalanistas" del PP y no resuelve los problemas de los valencianos.

En la sesión plenaria, el grupo popular ha rechazado también las enmiendas a la totalidad de la ley de Puertos de la Generalitat presentadas por los grupos socialista y de EU, quienes pedían devolver al Gobierno autonómico la norma.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha defendido que la ley busca facilitar la actividad económica y social de los puertos autonómicos, regular una legislación "compleja y difusa", cubrir "vacíos legales" de la ley estatal y adaptarla a las características específicas del sistema portuario valenciano.

El socialista Francesc Signes ha dicho que la norma "crea inseguridad jurídica" y "confusión" y perjudica tanto a los clubes náuticos como a las cofradías de pescadores, mientras que Lluis Torró (EU) ha criticado "el espíritu liberalizador" de esta norma que, según ha dicho, parece que trata de promover "la privatización de la franja costera" valenciana.

Desde el PP, Miguel Zaragoza ha replicado que "no es malo" que exista colaboración público-privada porque la nueva legislación "está dentro de un marco de prevención y sostenibilidad medioambiental", y ha dicho que el PP "no quiere beneficiar a nadie" que no sean los valencianos.

Desde la oposición también se ha criticado que el PP haya presentado una enmienda a esta ley para reconocer la deuda de 240 millones de euros que el Gobierno valenciano mantiene con más de 50.000 familias valencianas beneficiarias de ayudas a la vivienda.