Sonia Castedo renunció ayer de manera oficial a su escaño en las Cortes Valencianas. Tal y como adelantó este diario en su edición del jueves, la alcaldesa de Alicante certificó su adiós del hemiciclo a través de un poder notarial. Una persona facultada por la primera edil alicantina registró en la Cámara su marcha y puso punto y final a las elucubraciones que venían produciéndose sobre su futuro desde hacía meses.
Nada nuevo en el horizonte. Castedo se despide del Palau dels Borja, se centra en la Alcaldía y, de paso, traslada de nuevo a Alicante la investigación por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para beneficiar al constructor Enrique Ortiz. Justo como se preveía. Castedo se encuentra imputada en esa pieza de Brugal que investiga las irregularidades en el nuevo ordenamiento alicantino. En la instrucción se la acusa de los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Ella, sin embargo, siempre ha negado haber cometido irregularidad alguna.
Su adiós era un secreto a voces desde hacía semanas. En concreto, desde que su antecesor en la Alcaldía y mentor político, Luis Díaz Alperi, también decidió renunciar a su escaño en las Cortes. El exalcalde se encuentra imputado en la misma pieza de Brugal por favorecer supuestamente a Ortiz en la confección del PGOU. Dado que ambos eran diputados autonómicos y gozaban de aforamiento, la investigación de la causa la estaba realizando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Pero Alperi dimitió el 9 de abril por motivos de salud y Castedo renunció ayer alegando dificultades para compaginar la Alcaldía con el cargo en Valencia. Ambos pierden por tanto su condición de aforados y el TSJ ya no es competente para proseguir con la instrucción. La causa retorna a Alicante. Concretamente, al juez Manrique Tejada, que ya indagó el presunto amaño del PGOU hasta que en julio de 2012 decidió trasladar el procedimiento al tribunal valenciano.
La marcha de la alcaldesa abre una incógnita sobre el ritmo que puede adoptar su proceso judicial y deja en el aire, hoy por hoy, las posibilidades de que pueda presentarse como candidata a la Alcaldía en 2015 bajo el paraguas del PP. El presidente de los populares en la Comunidad, Alberto Fabra, ha reiterado que ningún imputado en casos de corrupción podrá ocupar un puesto en las listas del partido de las próximas elecciones locales y autonómicas. Este jueves, en la tradicional Romería de la Santa Faz, remarcó que los dirigentes encausados no pueden tener ni «protagonismo» ni estar en la «primera línea». Ahora, Manrique Tejada tendrá que reanudar la investigación. Si en febrero de 2015 todavía no la ha cerrado y la alcaldesa sigue imputada, Castedo no podrá repetir como alcaldable.
Reacciones
La confirmación de la renuncia de la primera edil provocó ayer una cascada de reacciones. El vicepresidente del Consell y máximo responsable del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, subrayó que es una «decisión personal y respetable», y afirmó que puede redundar «en beneficio del Ayuntamiento». Preguntado sobre si al Consell le preocupa que los imputados del PP dejen el escaño para dilatar los procesos judiciales en los que están inmersos, Císcar sostuvo que esa interpretación es «errónea» y «distorsionada», puesto que a aquellas personas que deseen estar en las listas electorales «les interesa que el proceso judicial se acelere». Y concluyó: «Si una persona tiene aspiraciones a repetir en las listas en 2015 y tiene un proceso judicial por delante, lo que necesita es que se celebre su juicio cuanto antes para tratar de acreditar su inocencia».
El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, emplazó a Castedo a dimitir como alcaldesa, mientras que su homólogo de UPyD, Fernando Llopis, reiteró que su renuncia es «una explosión controlada». Llopis además cuestionó que los políticos puedan «jugar» con el aforamiento.
