El departamento que dirige Juan Carlos Moragues no quiere dejar ningún cabo suelto en el problema que tiene abierto por la devolución a los más de 12.000 funcionarios de la Generalitat de los 44 días de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que, según decenas de sentencias, fue descontada indebidamente. Consciente de que un futuro acuerdo con los sindicatos sobre la devolución del dinero puede acabar siendo impugnado por el Gobierno de Mariano Rajoy, Moragues ha puesto a trabajar a los letrados de la Generalitat para «pelear» ante los tribunales su decisión de pagar.
El mismo conseller trasladó a los sindicatos durante la reunión que mantuvo con ellos el pasado miércoles su intención de atar jurídicamente el posible acuerdo con el fin de que la Abogacía del Estado no encuentre ninguna arista por la que colar un recurso. El número dos del ministro Cristóbal Montoro, Antonio Beteta, dejó claro hace dos semanas en una visita a Alicante su oposición a que la Generalitat devuelva de oficio las cantidades detraídas irregularmente en aplicación del decreto estatal que suprimió la paga extra para todos los funcionaros. Beteta sólo admitió que el Consell pague a los funcionarios que han presentado reclamación (no es posible hacerlo colectivamente) y la han ganado en los tribunales gracias al respaldo sindical. Ya cientos de casos de empleados públicos a los que la Justicia ha dado la razón. De hecho, el mayor temor del Consell es una avalancha de denuncias que le fuercen no sólo a pagar su deuda, sino también las costas; a razón de 400 euros por sentencia. Según fuentes sindicales, la Conselleria de Hacienda podría ya tener acumulados 8 millones de euros en concepto de intereses por las condenas emitidas.
Por otro lado, el temor a un colapso de 120.000 reclamaciones y a una querella por prevaricación (con la que amenazan los sindicatos) ha hecho a Moragues sentarse a negociar el pago pese al criterio del Gobierno. Moragues quiere que Madrid dé una solución y ha pedido que se reúna la Mesa General de la Función Pública, pero el ministerio gana tiempo y se escuda en que el Tribunal Constitucional va a dirimir la cuestión. El Consell, sin embargo, no tiene tiempo ya que siente detrás el aliento de los tribunales ya que es en la Comunidad Valenciana donde han arrancado las primeras sentencias condenatorias que afectan a funcionarios autonómicos. El Consell ya pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat en la que le insta a pagar de oficio y, además, le advierte que podría incurrir en responsabilidad penal en caso de no hacerlo. Los servicios jurídicos recibirán ahora el encargo de armar bien un posible acuerdo que irá acompañado de un reconocimiento de deuda. El plazo máximo para pagar: 31 de enero de 2015.
