El secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, desveló ayer en las Cortes que la Generalitat pagó más de 100.000 euros a una consultora para justificar los 265 millones de euros que recibió de manera irregular la Ciudad de la Luz para su construcción. Tal y como ya informó este diario el pasado mes de enero, la consultora LECG defendió la legalidad de esas ayudas en un informe, pero la Unión Europea replicó que ese documento contenía argumentos que «carecen de fundamento» y recogía ideas alejadas «al sentido común».

Las encargadas de destapar ese informe fueron la eurodiputada socialista Josefa Andrés y la diputada socialista en las Cortes Eva Martínez. Ambas airearon entonces el escrito de la consultora, aunque desconocían quién lo abonó. Ayer salieron de dudas. En la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, Ripoll admitió que fue la Generalitat.

Este alto cargo detalló que el Consell abonó a la consultora 53.479,63 euros en una primera factura y otros 46.736,42 euros en una segunda. El secretario autonómico de Cultura desveló además que el contrato para la elaboración del informe lo firmó el 1 de abril de 2008 el entonces director general de la Ciudad de la Luz.

Eva Martínez, por su lado, señaló que este documento lo encargó la Generalitat para «rebatir un informe de la UE» e indicó que recogía que «el complejo tendría unos beneficios en 2014 de 341 millones de euros». Sin embargo, «lo que tenemos es una deuda de más de 300 millones de euros». La parlamentaria del PSPV también recordó que este informe «señalaba que la rentabilidad el complejo venía dada, no por la actividad audiovisual», sino porque «en la zona se iban a construir hoteles y oficinas». «Un pelotazo urbanístico», sentenció. Asimismo, pidió saber «cuándo vamos a acabar con la sangría económica que se llama Ciudad de la Luz».