Que no se permita a los partidos políticos con casos de corrupción entre sus filas presentar candidatos a las próximas elecciones europeas. Éste es el planteamiento que el letrado Diego de Ramón, quien llevó la gestión de la CAM hasta la Audiencia Nacional, ha presentado ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en un intento de evitar que formaciones políticas con asuntos de corrupción en los que estén implicados algunos de sus miembros puedan optar a ocupar un escaño en el Parlamento de la UE.

De Ramón apoya su petición en la premisa de que aquellos partidos en los que se han detectado asuntos de corrupción estarían en un grado de superioridad en cuanto a la financiación de sus campañas respecto a aquellos que no han vulnerado la ley por el hecho de haberse beneficiado de los réditos económicos que les habría reportado la corrupción.

El letrado cita como ejemplo las situaciones que se están viviendo en la Comunidad Valenciana o en Murcia, autonomías de las que destaca el elevado índice de percepción de la corrupción que existe, y considera que aquellos partidos vinculados en mayor o menor grado a procesos por este tipo de actuaciones sean examinados para determinar si los candidatos de estas formaciones pueden concurrir a estos comicios o, por el contrario, le debe ser vetada esta posibilidad.

El abogado murciano va más allá y plantea también la posibilidad de que se actúe a posteriori, es decir, que se anulen la representaciones que hubieren obtenido candidatos de partidos vinculados a escándalos de corrupción por entender, insiste, que se ha servido de actuaciones ilícitas para llegar al poder. De Ramón llama la atención sobre el hecho de que la representación parlamentaria se refleja posteriormente en la composición de órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales superiores de Justicia o el mismísimo Constitucional.

Cita también el jurista al fiscal general del Estado, cuando aseveró que «la corrupción está corroyendo el sistema y severamente la credibilidad de las instituciones y del sistema democrático», y alude a continuación a los 50 casos de corrupción que se están instruyendo en la Región de Murcia y al centenar que investigan juzgados de Alicante.