Luis Díaz Alperi está desde ayer un poco más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por tres supuestos delitos fiscales y otro de cohecho impropio. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana tumbó ayer el último recurso que presentó el exalcalde de Alicante para tratar de sortear el juicio y dejó el proceso a falta únicamente de que se fije su fecha de inicio. La presidenta del tribunal valenciano, Pilar de la Oliva, y los magistrados José Francisco Ceres (que actuó de ponente) y María Pía Calderón desestimaron el recurso de apelación-nulidad que promovió la defensa de Alperi e incluso censuraron que se admitiera a trámite.
En él, la procuradora María del Mar García recurrió el auto de apertura de juicio oral al entender que el instructor del proceso, el juez Antonio Ferrer, se había extralimitado al solicitar al director de una sucursal bancaria que le informara de todos las retiradas de dinero en efectivo que se produjeron en su sucursal durante tres días del año 2008. Esa petición, promovida por la Agencia Tributaria y por la Abogacía del Estado, tenía como objetivo conocer si el empresario Antonio Solana, también procesado en esta pieza, retiró más de 5.000 euros en efectivo para ingresarlos con posterioridad en cuentas a las que tenía acceso Alperi. El ya exdiputado autonómico alegó también que esa competencia correspondería a la sala de enjuiciamiento y no al instructor del procedimiento.
Pues bien, los tres magistrados ni tan siquiera han entrado al fondo del asunto que planteaba la defensa del exalcalde de Alicante. ¿Por qué? Porque contra el auto de apertura de juicio oral «no cabe recurso alguno», según recoge su resolución. «Resulta irrecurrible», llega a asegurar también. La sala, de hecho, concluye sus argumentos afirmando que considera «indebidamente admitido el recurso de apelación interpuesto».
Tras este nuevo varapalo judicial, el siguiente paso será fijar la fecha de inicio del juicio. No obstante, tanto los plazos como el tribunal que finalmente sentará en el banquillo a Alperi son a día de hoy una incógnita. El TSJ ha sido el encargado de instruir todo el proceso hasta ahora dado que Alperi ha sido diputado autonómico desde las elecciones de 2011. El exprimer edil era por tanto aforado y cualquier proceso judicial en el que se viera envuelto debía asumirlo el tribunal valenciano. Así fue. El TSJ instruyó el procedimiento por tres delitos fiscales y aún investiga la pieza del caso Brugal en el que se encuentra imputado junto a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el supuesto amaño del Plan General para beneficiar a Enrique Ortiz.
Pero el pasado 9 de abril Alperi renunció a su escaño. Un día después, el TSJ solicitó a las Cortes que acreditasen la condición del parlamentario después de abandonar la Cámara. Ahora, el tribunal valenciano tendrá que decidir si él será el encargado de juzgarle o, por el contrario, la causa se traslada a otro juzgado.
Luis Díaz Alperi se expone a nueve años y nueve meses de cárcel. Esa es la pena que le reclama el Ministerio Público por haber defraudado supuestamente a Hacienda un total de 682.651 euros durante los años 2007, 2008 y 2010. La investigación sostiene que el exalcalde simuló negocios durante 13 años con sociedades domiciliadas en Madrid para ocultar ingresos de procedencia desconocida y con los que saldó una deuda tributaria de un millón de euros. El segundo delito fiscal al que se enfrenta lo habría cometido al adquirir un catamarán en 2008. Al instructor le sorprendió que Solana aportara la mitad del dinero pese a no utilizar el buque. La mercantil propietaria de esa embarcación simuló negocios en 2010, según la investigación, para ocultar unos ingresos no declarados de 308.209 euros.
Por último, también se le atribuye una deuda al fisco de 144.862 por sus incrementos injustificados de patrimonio. Además, Alperi está acusado de un delito de cohecho impropio por atracar su embarcación en la Marina Deportiva de Alicante sin abonar un solo céntimo en concepto de alquiler.
